Editorial

Movilización sin reforma

El Gobierno no debe desandar el camino emprendido ni los sindicatos enrocarse

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Las manifestaciones celebradas ayer en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Oviedo y Logroño, convocadas por CC OO y UGT en contra de que se retrase la edad de jubilación y de que se revise el período de cálculo de las pensiones, reflejó la inquietud generada en la sociedad y entre los trabajadores por una propuesta del Gobierno cuya entidad fue puesta ayer en duda por el propio presidente. Si se trataba sólo de una idea que el Ejecutivo aportaba al debate político y social, ni su exposición pública debió ser tan sorpresiva y altisonante, ni el propósito gubernamental merecía como respuesta la primera movilización sindical convocada en un período tan prolongado y de tanta incertidumbre a causa de la crisis. El enredo resulta aún más confuso cuando el presidente saluda poco menos que con simpatía la convocatoria de las manifestaciones de ayer, sugiriendo además que su tranquilidad de ánimo se debe a que mantiene una relación de confianza y sintonía con los sindicatos. Todo ello, junto al hecho de que el conjunto del arco parlamentario pareciese complacido por las movilizaciones, obliga a exigir una gestión política con mayor sentido de la responsabilidad y más consecuente en asuntos públicos de tanta trascendencia y calado social. Por otra parte, la sucesión de pronunciamientos de ayer permite concluir que los sindicatos se habían alarmado en exceso frente a una iniciativa que no era para tanto, por lo que no tiene sentido que, a partir de hoy, extiendan las movilizaciones por las demás capitales de España. El calificativo de «pensionazo» decayó tras la comparecencia del ministro Corbacho y la apaciguadora intervención del presidente. Los mensajes conciliadores hacia las fuerzas sindicales se han intensificado en los últimos y han llegado a ser hasta un tanto sonrojantes por su excesivo tono de compadreo. Pero el Gobierno no puede desandar todo el camino que ha emprendido, porque la eventualidad de que el sistema de protección social requiera retrasar la edad legal de jubilación no es potestativa de éste o del siguiente Ejecutivo. Ni CC OO y UGT pueden enrocarse frente a una reforma que mañana podría ser ineludible.