La Audiencia prohíbe a Garzón cerrar el chivatazo y ordena que investigue más

Duro varapalo a la intención de la Fiscalía y de Baltasar Garzón de dar carpetazo definitivo a la investigación del 'chivatazo' a ETA sin sentar a nadie en el banquillo. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prohíbe expresamente al juez cerrar en falso el caso y le ordena que «agote al máximo la investigación» porque -recuerdan los magistrados- la supuesta implicación de policías en la delación al aparato de extorsión etarra es «un hecho sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España». Por ello, exigen a Garzón «transparencia» y un plus de «celo y diligencia en su investigación (...) más allá de lo normal o lo usual» ante la «extrema gravedad» de los sucesos que tuvieron lugar en el bar Faisán de Irún aquella mañana del 4 de mayo de 2006.

La sección segunda, que resuelve los recursos planteados por las acusaciones populares en contra de la decisión de Garzón de no investigar más, asegura que lo que ocurrió allí fue «un delito de revelación de secretos y a su vez de colaboración con banda armada». La Sala insiste, en contra del criterio de la Fiscalía, que «parece que el círculo de posibles autores está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales, que por una u otra razón, bien directamente o indirectamente, tenían conocimiento de la operación que se iba a realizar».

Los magistrados Enrique López, Julio de Diego y Ángel Hurtado no dudan en señalar sin tapujos que existe «otra dirección» en la investigación que debe seguir Garzón: «otro circulo de funcionarios», los que investigaban la red de recaudación de ETA y a los que el propio juez encomendó indagar a sus compañeros y superiores.

Este grupo, que lideraba el inspector jefe Carlos G., fue el que, tras meses de investigaciones, llegó a la conclusión de que el chivatazo había sido obra de los hasta ahora tres únicos imputados: el entonces director del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el policía de Vitoria especialista en terrorismo islámico que supuestamente entregó a Joseba Elosúa, jefe de la red de recaudación etarra y propietario del bar Faisán, el móvil desde el que un desconocido le habría avisado de la inminente operación policial para no empañar el proceso de negociación recién abierto con ETA.

Reproches

La Sala reprocha a la Fiscalía, al juez y a los propios policías que esa «nueva línea de investigación» no «haya sido tenida en cuenta» ni «valorada», por lo que acepta la petición, rechazada por Baltasar Garzón, de interrogar como testigo a Carlos G., declaración reclamada la asociación de víctimas Dignidad y Justicia. Los magistrados afirman que el interrogatorio de ese inspector jefe no es «inútil y perjudicial», como sostenía el instructor, y puede ser clave para aclarar qué ocurrió. Los superiores de Garzón, que exigen al juez que lleve la investigación «más allá de toda duda» y «hasta los extremos que sean necesarios», aceptan también otras tres peticiones de este colectivo a las que se había negado el instructor el pasado noviembre. La primera es que declaren dos agentes del Grupo VIII de la Brigada de San Sebastián, que el día del chivatazo se encontraban en la frontera de Irún en controles antiterroristas rutinarios y que aseguraron que vieron a un supuesto policía de paisano en las inmediaciones del bar Faisán

La segunda es la petición a Francia de la información de todas las llamadas que el día del chivatazo se hicieron desde la cabina pública adyacente a la taberna y desde la que, según el sumario, Elosúa llamó al colaborador de ETA, José Antonio Cau Aldanur, para alertarle de que no viajara a España a recoger nueve millones de pesetas del impuesto revolucionario porque la policía esperaba su llegada en la frontera.

La tercera es el contenido de los pinchazos a Cau realizados por las autoridades francesas y que, sorprendentemente, no figura en los miles de folios del sumario. Estas cuatro pruebas se unen a las otras tres diligencias propuestas por Dignidad y Justicia y que sí fueron aceptadas en un principio por Garzón: el visionado de las grabaciones policías de la puerta del Faisán, en la que no aparece funcionario alguno y hay varios saltos y cortes que no han sido explicados, la declaración del funcionario responsable de esas cintas, y el interrogatorio del número dos de Carlos G.

Según explicaron fuentes judiciales ayer, el auto de la Sala de lo Penal impide de 'facto' a Baltasar Garzón responder de manera afirmativa a la petición el pasado 1 de octubre del fiscal del caso, Carlos Miguel Bautista Samaniego, de archivar el sumario por falta de autor conocido.

Rechazo

El 'chivatazo' no se archivará, pero tampoco se hará una nueva instrucción. La Sala, a pesar de las críticas sobre la forma en Baltasar Garzón y la Fiscalía han llevado este proceso, rechaza la pretensión de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y de Dignidad y Justicia de hacer tabla rasa y comenzar de nuevo toda la investigación sobre el soplo a ETA.

En el caso de la AVT, la Audiencia Nacional desestima de forma íntegra su recurso de apelación en el que pedía repetir todas y cada una de las diligencias que Garzón ha realizado bajo secreto sumarial durante los tres últimos años. La sala asegura que esas investigaciones se hicieron con los «requisitos y regularidad formales exigidos, así como las garantías previstas en nuestra legislación».

En cuanto a Dignidad y Justicia, que solicitó 35 diligencias, los magistrados rechazan su petición principal: que la Guardia Civil, que en principio no está contaminada, tuviera acceso a todo el sumario y que a la vista de todas las pruebas que obran en la causa, hiciera una suerte de 'contra informe' en el que señalara quién estuvo detrás de la delación. La sección segunda niega esta reclamación porque «comparte la confianza» de Garzón en los investigadores del CNP.

Dignidad y Justicia también había solicitado otra diligencia que, en la práctica, hubiera supuesto reinstruir buena parte del sumario: el interrogatorio de todos los policías que «de un modo u otro» tuvieron algo que ver con la investigación de la red de extorsión. Para la Audiencia, esta reclamación es demasiado «genérica e indeterminada» y no aportaría nada nuevo. No obstante, la Sala se muestra abierta a que, una vez realizadas las diligencias reclamadas y aceptadas, se interrogue a nuevos testigos si fuera necesario.