TRIBUNALES
Suspendido el juicio de los exalcaldes de Rota por la trama de los 'convenios urbanísticos'
Lorenzo Sánchez y Eva Corrales tenían la vista oral este martes pero se ha suspendido porque las defensas han alegado que coincide con otros señalamientos «prioritarios»
Lorenzo Sánchez y Eva Corrales esquivan temporalmente el banquillo de los acusados. Este martes estaban citados en la Audiencia Provincial de Cádiz por el 'caso de los convenios urbanísticos' pero la vista oral con las cuestiones previas que presentan las partes se ha suspendido y no hay día concreto para la reanudación. Las defensas han alegado que la vista oral coincide con otros señalamientos «prioritarios» y el procedimiento queda ahora pendiente de que se fije una nueva fecha.
El juicio de por el denominado como caso de los 'convenios urbanísticos' sentará en el banquillo a Eva Corrales después de haber pasado cuatro meses en prisión y habérsele concedido el tercer grado el pasado verano, después de que el Gobierno le denegara su solicitud de indulto tras haber sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por el 'caso Horas Extra'.
En ese procedimiento también acudió a dirimir cuentas con la justicia con el que fuera su exsocio de Gobierno, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), lo que volverá a ocurrir en esta ocasión. Sánchez se enfrenta por esta causa a cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo, según la Fiscalía Anticorrupción.
Como ya publicara este periódico, el fiscal sostiene en su escrito de acusación que Lorenzo Sánchez adjudicó de manera arbitraria diferentes obras municipales al empresario local Felipe Castellano (también procesado) a cambio, supuestamente, de que comprase materiales de construcción y equipos de protección en sus empresas. Según la tesis que mantiene la acusación pública este ‘modus operandi’ lo estuvieron manteniendo durante cuatro años, de 2007 a 2011, por una cantidad estimada de medio millón de euros.
En el momento de aquellos hechos Eva Corrales era concejal de Planeamiento debido al pacto que mantenía con el exregidor, por lo que el Ministerio Público la cree también responsable de esos presuntos actos ilícitos y pide para ella la pena de doce años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Por otra parte, el fiscal pide una de las penas más altas para el empresario supuestamente beneficiado, Felipe Castellano. Lo acusa de un presunto delito de cohecho pasivo y solicita para él la pena de cuatro años de cárcel y, además, que indemnice al Ayuntamiento roteño con 1,6 millones de euros por la urbanización de dos avenidas de la localidad. Anticorrupción pide al tribunal además que sean decomisados otros bienes económicos cifrados en más de medio millón de euros que, según sostiene, pudo recibir el exprimer edil roteño «en concepto de dádiva».
En cuanto al modo de actuar que tuvieron, el fiscal mantiene que firmaron hasta tres convenios urbanísticos como una manera de disfrazar lo que en realidad eran adjudicaciones directas que se saltaban los trámites legales establecidos para favorecer a las empresas de Castellano. Así con la firma de dichos convenios, el Consistorio tenía que entregar una partida de dinero a las compañías del supuesto beneficiado, una cantidad que procedía de subvenciones públicas. Para la Fiscalía no era un acuerdo que tenía como fin el bien público, la ciudadanía, sino que era una forma de «financiar» obras privadas de Castellano, a cambio, presuntamente, de que éste comprara los materiales a Sánchez.
Otros investigados
Pero además de estos tres investigados, hay más procesados. Es el caso de Ismael Puyana, un contratado laboral del Ayuntamiento desde los años 90 en la categoría de peón, que desde 2011 ya fue funcionario de carrera en la Delegación de Fiestas y, posteriormente, concejal de este ramo en 2007 y 2008. Pues bien, Puyana era socio del exalcalde en una de las empresas que recibía supuestamente los ingresos de Castellano. Otras de las investigadas son, precisamente, las mujeres de Puyana y Lorenzo Sánchez. Para el fiscal ambas eran conscientes del 'acuerdo' y figuraban como responsables de las empresas para así ocultar la titularidad de sus maridos . Otro de los acusados se convirtió también para la Fiscalía, en un hombre de paja con el mismo fin.
Los otros dos investigados son funcionarios públicos del Ayuntamiento de Rota. Por un lado, el secretario del Consistorio en el momento de los hechos, quien, según Anticorrupción, dio vía libre a que se saltaran el procedimiento de licitación pública. Y, el coordinador de la Oficina de Planeamiento y Gestión Urbanística.
Este caso lleva varios años dirimiéndose en los tribunales. Fue en 2015 cuando la jueza instructora dictaba el auto de imputación contra los acusados. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Rota vio entonces indicios para procesar a Corrales y Sánchez los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que al exalcalde y al resto de acusados un delito de cohecho activo y pasivo.
Según expuso aquel auto, en el ejercicio de sus cargos y con la colaboración directa de los demás imputados , Corrales y Sánchez celebraron diversos negocios jurídicos y convenios urbanísticos con las empresas del entorno de Castellano, «vulnerando de forma flagrante y a sabiendas la normativa urbanística y reguladora de las entidades locales, con el fin de beneficiar tanto a Felipe Castellano como a Lorenzo Sánchez».
La actuación fraudulenta a la que alude la juez instructora consiste en la firma de estos tres convenios urbanísticos en los que «los imputados obligaban a la Corporación local a entregar una suma de dinero a las empresas de Castellano, normalmente procedente de subvenciones, para financiarle obras que debía asumir la Junta de Compensación, acordándose la devolución de las cantidades en otro convenio mediante la adjudicación de obras públicas sin licitación».
La instructora apuntaba que Sánchez y Corrales «no pueden ampararse en el desconocimiento de los aspectos básicos de su cargo», argumentando además que las irregularidades detectadas en los convenios son «tan flagrantes» que no son necesarios conocimientos exhaustivos de derecho urbanístico para detectarlas.
