Un convenio 'fantasma' para parados

La investigación abierta en un juzgado de Algeciras por supuestas irregularidades en cursos de formación para parados, financiados con dinero público, acaba de toparse con una iniciativa presuntamente fantasma, que se vendió a finales de 2010 como un gran acuerdo y oportunidad para Sanlúcar, que la convertiría en una localidad de referencia provincial en la formación como antesala eficaz para encontrar un trabajo. Sin embargo, ese convenio no aparece y casi cuatro meses después de que una jueza lo haya reclamado por escrito, se desconoce su contenido.

Una fotografía y un comunicado de prensa emitido por el Consistorio asegura que a finales de 2010 Irene García, en calidad de alcaldesa del municipio, y el exconsejero de la Junta, el jerezano Ángel Ojeda, como presidente de la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe) y Prescal, firmaban y anunciaban un convenio con el siguiente objetivo: «Poner a disposición de los sanluqueños más de 3.000 metros cuadrados, destinados a cualificar el capital humano de la ciudad». El comunicado indicaba también que ese espacio se sacaría de aulas del IES Barrameda y de la adecuación de la antigua residencia Jesús Maestro. Los cursos irían dirigidos a unos 400 personas que tendrían, al finalizar la formación, un índice de ocupación del 60%».

Una sencilla búsqueda por internet localiza rápidamente esa noticia local, acompañada de una imagen de Irene García junto a Ángel Ojeda cerrando el trato con un apretón de manos.

Meses después, García realizaba una visita al citado instituto. Aseguraba que ya se habían concluido las obras de acondicionamiento, amparadas en el citado convenio, las cuales habían supuesto una inversión de 30.000 euros para albergar 70 cursos; que se estaba a la espera de la homologación por parte de la Junta y que Forpe tenía la intención de invertir 2,5 millones de euros para formar a desempleados.

Dos años después de esas palabras, la jueza de Instrucción nº 4 de Algeciras, en el marco de las diligencias 2211/2012 que impulsó la denuncia de una docente, solicitó a Prescal y a Forpe copia de ese convenio, dando curso así a la petición realizada previamente por la denunciante.

Contradicciones

A día de hoy, la magistrada no tiene aún consigo ese convenio fantasma. Prescal y Forpe han remitido sendos escritos. La primera asegura que no ha tenido «ningún acuerdo de colaboración alguno» con el Ayuntamiento de Sanlúcar; mientras que Forpe dice que sí firmó un convenio con el consistorio gaditano, del que no guarda copia alguna. El original lo tiene el Ayuntamiento, según la respuesta ofrecida a la jueza. Sin embargo, manifiestan que el convenio no se ejecutó porque el Ayuntamiento debía ceder un edificio para su rehabilitación a costa de la Fundación, pero que esa cesión no se produjo «por circunstancias ajenas a esta fundación».

Este escrito contradice los anuncios de inversión y ejecución ofrecidos por la exalcaldesa socialista años atrás y añade un grano más a las sospechas sobre el destino final de partidas económicas que debían servir para la formación de desempleados en una de las provincias españolas con más parados.

La parte denunciante en las diligencias que se instruyen en Algeciras solicitó que se aportara el convenio de Sanlúcar para conocer quiénes eran los responsables de llevarlo a buen puerto y cómo se ejecutó, ya que la profesora que ha dado origen al caso trabajó para Natura -o Asociación de Apoyo al Medio Ambiente-, otra de las sociedades vinculadas al conglomerado empresarial de Forpe. Según sostiene en su denuncia, ratificada en sede judicial ante la magistrada, le quisieron pagar por impartir un curso financiado con fondos públicos de la Junta previa presentación de facturas falsas, engordadas con conceptos inventados. Su testimonio ya ha sido ratificado por otros compañeros y se ha saldado con la imputación de una de las trabajadoras de Natura, que se encargó de la selección del personal para impartir las clases. Esta primera imputada prestó declaración bajo su nueva condición a finales del mes de julio.

Esta mujer también confirmó que a estos trabajadores se les ofreció en un primer momento un contrato por obra y servicio; para después modificarle esa oferta inicial e indicarles que debían darse de alta como autónomos. La forma de pago propuesta a los docentes, según la denunciante, consistiría en recibir en sus cuentas bancarias 6.360 euros cada mes, de los cuales deberían devolver 3.960 euros. La cantidad restante sería su nómina, cuyos ingresos debían justificar mediante facturas con conceptos que nunca le aclararon.

Un negocio lucrativo

Las pesquisas que dirige la titular del nº 4 de Instrucción de Algeciras está salpicando de lleno a la red de empresas de formación vinculadas al exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda, que en los últimos años se ha beneficiado de millonarias subvenciones para la formación de desempleados. Uno de los programas que obtuvo el conglomerado de sociedades de la citada Fundación fue la reorientación laboral del colectivo exdelphi. Entre 2009 y 2010, denunciaba la diputada del PP y candidata de la Alcaldía de Sanlúcar, Ana Mestre, Forpe y sus empresa obtuvieron un montante de 34 millones para acciones formativas que debían ayudar a la reinserción en el mercado de trabajo de los exdelphi y de los trabajadores de las empresas auxiliares.

En el caso concreto de Natura, acudiendo de nuevo a los boletines oficiales, se comprueba que es una de las empresas más subvencionadas en el capítulo de formación para desempleados. Así, percibió 2,5 millones de la Junta sólo durante los ejercicios 2010 y 2011.

En la última providencia comunicada por la magistrada del nº 4 de Algeciras, ésta ha decidido informar al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la posibilidad de requerir al Ayuntamiento de Sanlúcar con el fin de que aporte el convenio solicitado; también le ha dado parte a la Fiscalía para que informe si está a favor de que se inicie una acción legal contra Prescal y Forpe por un delito de desobediencia.