Solo dos paros similares durante la democracia

«La cuestión no es si un juez tiene o no derecho a hacer huelga, la clave es que los jueces no se pueden permitir el lujo de hacer huelga», defendió en febrero de 2009 el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Pero lo hicieron. En democracia solo hay dos precedentes de paros de magistrados. Los dos contra decisiones adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la pasada legislatura. El primero, contra Bermejo, fue pactado por todas las asociaciones de jueces y lo secundaron el 62% de los togados, según los convocantes, y apenas el 35%, a ojos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El segundo, apenas diez meses después, en octubre de 2009, fue impulsada en solitario por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) contra Francisco Caamaño, que apenas llevaba unos meses en el cargo tras la dimisión de Bermejo, tras trascender que había participado en una cacería con el juez Baltasar Garzón y varios mandos policiales. En aquella ocasión, el CGPJ cifró el seguimiento en un 23,57% y la APM, en un 35%.

Un mayor número de jueces, un reparto de la carga de trabajo más razonable, la supresión del traslado forzoso por ascenso, la revisión de la planta judicial y el control de los señalamientos de los juicios fueron algunas de las reivindicaciones que esgrimieron entonces los togados. Otra de las peticiones estrella de estos paros fue la necesidad de crear una conexión informática entre juzgados de distintas Comunidades Autónomas que eran incompatibles, y un sistema de alerta que les permitiera, por ejemplo, saber al momento si un imputado tiene causas pendientes en otros juzgados. Ninguna de estas dos mejoras está aún en funcionamiento

Otro de los objetivos que perseguían los magistrados con aquellas dos huelgas fue la creación urgente de la denominada Oficina Judicial, que les liberará de muchas funciones para que se dediquen a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero exigen mantener la facultad de señalar los juicios y vistas, que el Gobierno atribuyó a los secretarios judiciales. La oficina judicial apenas ha arrancado en algunas provincias y con quejas por sus fallos técnicos.

Asimismo, exigieron la supresión del traslado forzoso por ascenso, que hace que muchos Juzgados queden vacantes cuando su titular sube de categoría y es obligado a ocupar otra plaza en otro sitio. Tres años después, tampoco se ha logrado satisfacer esta petición. Pese a ello, los jueces ya no insisten en estas peticiones.