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Curros en rebajas

El miedo al paro empuja a miles de trabajadores a aceptar una reducción de sus condiciones laborales.

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Sergio Alvarado, de 35 años, respira tranquilo. Ha conseguido mantener su empleo en la planta de la multinacional Nissan en la Zona Franca de Barcelona. La empresa anunció el pasado martes que finalmente adjudicaría a esta planta la fabricación de un nuevo modelo, la furgoneta ligera ‘pick-up’, lo que asegura su continuidad durante diez años más. Pero para conseguir que le garanticen el trabajo al menos hasta que cumpla los 45, él y el resto de los 3.200 empleados de la compañía han tenido que comprometerse a hacer un sacrificio: trabajar más horas para que la productividad de la planta aumente, y aceptar una retención de su sueldo durante los próximos tres años.

Trabajar más por menos. Una receta para salir de la crisis que fue planteada hace apenas tres meses por el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y que fue recibida con una lluvia de críticas de los sindicatos, de buena parte de la opinión pública, incluyendo destacados empresarios y políticos que le recordaron que había dejado en la calle al personal de Marsans. Y en la práctica muchos trabajadores están aceptando, resignados, la receta del anterior líder de la CEOE. Lo entienden como un mal menor que les permite mantener sus empleos ante el abismo del paro.

Nissan no es la única empresa que pide sacrificios. Seat ya aplicó una congelación de los salarios hace un año y medio para conseguir traer el modelo Q3 a la planta de Martorell. Renault en Valladolid, Iveco en Madrid, Sony en Viladecavalls (Barcelona), ArcelorMittal en Gijón, y hasta Inagra, una empresa de servicios de limpieza que trabaja para el Ayuntamiento de Granada, recurren a una reducción salarial para salvar los muebles. Fórmulas que se perfilan como la mejor alternativa para superar la crisis desde una perspectiva empresarial, pero que dejan una sensación agridulce en los currantes. Temen que puedan sentarse «precedentes peligrosos» porque «atentan contra los derechos laborales y sociales conseguidos a lo largo de décadas».

Más horas y más sábados

Para Sergio los últimos dos años en Nissan han sido «muy duros». Los ha vivido con incertidumbre, con constantes amenazas de despido, sintiendo que su estabilidad económica peligraba. Hace un año y medio su empresa presentó un ERE que dejó en la calle a 700 compañeros. Se libró del paro por los pelos. Tiene a familiares y amigos «pasándolo muy mal». Sin trabajo y sin perspectivas. Por eso no se lo pensó dos veces cuando tuvo que votar a favor de rebajar sus condiciones laborales para asegurarse el empleo.

Su sueldo estará congelado durante 2012, se incrementará apenas un 0,5% en 2013 y un 1,5% en 2014. La planta debe aumentar su productividad un 6% por lo que Sergio, que se encarga de revisar una línea de robots deberá trabajar más horas extras obligatorias y otros dos sábados al año. Reconoce que ha habido «cierto chantaje» en la actitud de la multinacional japonesa, «porque no nos ha dado ninguna opción. Nos ha planteado que si no aceptábamos, el nuevo modelo de furgoneta se construiría en una fábrica fuera de España y nuestra planta tendría que cerrar».

Este barcelonés nunca sabrá si la amenaza era un farol de los ejecutivos japoneses o si en realidad han utilizado el miedo al paro de los trabajadores para «sacar ventaja y ahorrarse costes laborales», como aseguran algunos compañeros. Pero Sergio no ha querido jugársela. Piensa en su futuro, en la familia que quiere formar junto a su mujer. «En este contexto de crisis no nos queda otra. Tenemos que sacrificarnos, porque solo con nuestro esfuerzo podremos sacar el país adelante», asevera.

Un dilema parecido se le planteó hace un par de años a Susana Cuerpo Martínez, trabajadora de Seat de 39 años. Aceptó una congelación salarial durante dos años para que el modelo Q3 pudiera ser fabricado en la planta de Martorell, que emplea a 10.300 trabajadores. No se arrepiente. Hoy está más que contenta con su decisión. «Tal y como anda el patio ahí fuera cualquiera se arriesga a quedarse sin trabajo. Todos tenemos una hipoteca que pagar y apenas he notado la diferencia en el sueldo».

El granadino Martín Ángel Ruiz también vio peligrar su empleo hace dos meses, cuando la empresa para la que trabaja desde hace 26 años, Inagra, planteó un ERE que pretendía despedir a 90 de los 640 trabajadores de la plantilla. Los empleados negociaron para evitar los despidos y consiguieron su objetivo. Pero tuvieron que pagar un precio a cambio: una rebaja en su salario del 7,5% «para el resto de nuestra vida laboral». Este oficial administrativo (que prefiere no revelar su sueldo) sabe que, con 50 años y tres hijos adolescentes, su futuro se habría puesto muy cuesta arriba si hubiera perdido su trabajo. Pero no está del todo satisfecho con la resolución del conflicto laboral. Sospecha que «la excusa de la crisis está siendo utilizada por muchos empresarios para abaratar costes laborales y aplicar medidas que antes ni se atrevían a plantear».

Está convencido de que tiene que haber otras maneras de salir de la crisis. «Si se pide un esfuerzo a los trabajadores que sea para mejorar los servicios que ofrecemos, pero nunca a costa de reducir salarios conseguidos por convenios tras tantos años». «Las crisis siempre las pagamos los mismos. ¿Por qué no se rebajan el sueldo los directivos?».

Trabajar más por menos no es una receta inventada por Díaz Ferrán. Viene importada de Alemania, que se ha situado en un ritmo de crecimiento del 3,6%. Lo recuerda Gonzalo Bernardo, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, para quien «el problema de competitividad» que sufre España por un diferencial de inflación de la zona euro y el aumento de la competitividad de los países emergentes, solo puede recuperarse mediante la reducción de salarios y el aumento de la productividad. «Son matemáticas puras. Para vender más al extranjero hay que ser más competitivo, y para ser más competitivo hay que rebajar costes».

Lógica perversa

Pero este planteamiento encierra muchos riesgos. «Lógica perversa» es el término que utiliza Vicens Rocosa, secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CC OO, para referirse a un «sistema global que funciona como una subasta en la que los trabajadores de diferentes países compiten por rebajarse las condiciones laborales». «Entrar en este planteamiento significa recortar nuestros derechos y el derrumbe del modelo social construido durante años en Europa».

En el contexto de la globalización las «grandes beneficiadas» son las «multinacionales» con una libertad de movimientos que les permite «presionar al trabajador con la amenaza de la deslocalización», añade Arcadi Oliveres, profesor de Economía de la Autónoma de Barcelona. Los grandes perdedores, los trabajadores, que «pagan por los errores de otros».

Nissan «no tiene ninguna autoridad moral» para acogerse a la receta de hacer trabajar más por menos, prosigue Oliveres. Lejos de atravesar por dificultades, obtuvo «beneficios extraordinarios de 1.600 millones de euros el pasado año solo en España». Lo que significa que «cada trabajador de Nissan ha hecho ganar 500.000 euros al año a la empresa. ¿Con qué derecho exigen luego que esos mismos trabajadores se congelen el