La 'Ley ómnibus': Un texto incoherente y maltrecho

Los pasados días 24 de noviembre y 23 de diciembre del 2009 el Parlamento, haciéndolo de una forma incoherente y con falta de lógica, ha tramitado por ambas Cámaras dos Proyectos de Ley donde denominándolas «sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su ejercicio» y resumiéndolas bajo los apelativos de 'Ley Paraguas' y 'Ley Ómnibus' adaptan de forma inesperada una Directiva Europea aprobada el 12 de Diciembre de 2006 y la incorpora parcialmente al Derecho español.

Han existido tres años para llevar a cabo lo que casi nadie esperaba y se ha tocado de lleno modificándolas sustancialmente tanto la Ley de Colegios Profesionales, como la de Sociedades Profesionales. Es decir, han querido meternos en Europa pensando como debe ser, en el consumidor y en quien ofrece los servicios profesionales y han terminado con una visión nada garantista que conlleva en definitiva el haber legislado algo que no está a gusto de nadie.

Estas leyes, ya hoy en vigor, no han sido capaces de ser consensuadas por los Grupos Parlamentarios, ya que mientras en el Senado hubo coherencia y unidad en las ponencias, el Congreso ha dado un paso atrás en esas mejoras de la Cámara Alta y ha rechazado de forma torticera todo aquello que se le ha puesto por delante. Es decir, han dejado en papel mojado el trabajo de los Colegios Profesionales y el ímpetu modernizador que ellos estaban dispuestos a consolidar. Se ha quitado de un plumazo los honorarios orientativos, las incompatibilidades entre profesiones colegiadas deben hacerse por Ley y no por Real Decreto y no hablemos de la posible colegiación no obligatoria, para lo que se faculta al Gobierno para que confeccione un Proyecto de Ley, en el plazo de doce meses, y se espera como ya ha anunciado el Presidente del Gobierno que en el segundo trimestre del 2010 exista un borrador para ello.

Ha sorprendido notablemente que en el plazo de cuatro meses las profesiones técnicas en su mayoría, tendrán por Real Decreto y no por Ley, como se aprobó en el Senado (lo cual es una auténtica sorpresa) el visado obligatorio de sus proyectos, es decir, no sabemos si este será a elección del consumidor o por el contrario, vendrá como hasta ahora, pero al ser un Real Decreto mucho me temo que estaremos al antojo del ejecutivo, el cual posiblemente en función de la presión de algunas corporaciones deshojará la margarita con el «tú si y tú no».

En el plazo de un año sabremos qué profesiones tendrán su colegiación obligatoria. Algo inaudito, pues si se quiere dar un servicio serio y coherente al consumidor, al no estar una profesión obligatoriamente colegiada, ¿cómo va a existir un correcto concepto de la deontología?, o mejor dicho, ¿quién le va a imponer a un profesional no colegiado un código deontológico? No se entiende cómo por correr tanto se han hecho y elaborado dos leyes tan de poco recibo y ello no sin antes recordar que las mismas vienen a modificar y esto es un dato llamativo, ni más ni menos que 47 leyes de nuestro Ordenamiento, lo que algunos nacionalistas han llegado a entender que con esta Ley se invaden competencias autonómicas.

Han existido centenares de enmiendas para estas dos nuevas Leyes, pero al final ha salido tal gazpacho de normas que para ponerlas en valor ni existen medios suficientes y ni siquiera nuestro Estado de Derecho puede afrontar de forma rápida esta Directiva Europea que con tal de ponerla en el BOE no se ha contado, en su mayoría, con los auténticos protagonistas de quienes velan por sus intereses y son miembros de tales Colegios Profesionales que no olvidemos, son Corporaciones de Derecho Público. Puesto así, nos esperan momentos de incertidumbre tales como la colegiación única, el alcance del visado, la publicidad, la falta de honorarios orientativos, la ventanilla única o la estructura del capital en las sociedades profesionales, los cuales entre otros, serán temas de grandes debates que a partir de ahora tenemos que afrontar.

Es cierto y estamos en ello que al consumidor hay que darle garantías, hay que darle capacidad de obrar, pero lo que no se puede es tratar a los profesionales como vendedores ambulantes en un mercadillo barato. Espero que el Gobierno tome buena nota de lo ocurrido en el trámite parlamentario, pues todo ha sido un desastre, ya que la incoherencia habida, donde en una Cámara por unanimidad acordaban una cosa, en la otra los mismos Grupos Parlamentarios decían lo contrario, es algo que no se comprende. Así no se puede legislar y menos en un Estado de Derecho como el nuestro, por lo que los Colegios Profesionales que estamos inmersos, como tales Corporaciones, en la Carta Magna tenemos que seguir con una visión garantista y un ímpetu modernizador, pero nunca bajo el antojo de creer que somos corporativistas o profesionales de segundo orden. Los Colegios nos merecemos más respeto y tengo la confianza de que en este año de plazo para elaborar el Proyecto de Ley a desarrollar se sea objetivo y no salga otro texto como el de ahora, incoherente y maltrecho.