La demolición de diez casas en Chiclana acaba con 30 detenidos

Apenas había amanecido y el dispositivo ya estaba preparado. Un día gris, lluvioso y muy desapacible sería escenario del derribo más doloroso de cuantos se han ejecutado en las viviendas ilegales de Chiclana. Desde primera hora de la madrugada un amplísimo dispositivo de Guardia Civil y Policía Local tomaba Los Barrancos, haciendo especial hincapié en controlar la salida y entrada de coches y personas al callejón de los Frailes y sus alrededores. El motivo era claro. Evitar cualquier altercado y garantizar que la orden judicial que pesaba sobre las diez unifamiliares construidas por la promotora Prefabricados Medina, propiedad de la familia Tocino, se cumpliese sin mayores contratiempos.

Los incidentes no tardaron en llegar. Minutos antes de las ocho de la mañana, y bajo un fuerte aguacero, al menos una treintena de personas se hacía fuerte en el interior de la parcela.

Los inquilinos de las diez viviendas las habían abandonado entre el pasado viernes y el domingo. Sin embargo, durante toda la noche se fueron atrincherando amigos y familiares del promotor con la intención de no dejar entrar a las excavadoras. Con el apoyo otros dueños de inmuebles sin licencia de la ciudad, el promotor se empeñaba en defender sus propiedades.

Se emplearon con todas sus fuerzas, y usaron todo tipo de estrategias. Una de las primeras fue lanzar varios cohetes; apenas unos minutos después prendieron sendas hogueras a ambos lados de la calle privada creada en torno a sus casas. Había que intentar parar lo imparable.

Por su parte, el cabeza de familia, Antonio Tocino, tomaba la medida más desesperada de todas pasadas las 8.30 de la mañana. Armado con un cuchillo de grandes dimensiones con el que amenazaba con autolesionarse si alguien se acercaba, trepó hasta el tejado de su casa y allí permaneció por espacio de varios minutos.

La tensión era máxima y la zonas anexas se llenaron enseguida de chiclaneros de a pie que mostraban su solidaridad con esta familia. A los pocos minutos se desató por toda la ciudad el rumor de que el promotor se había herido de gravedad en el vientre, pero la realidad es que apenas una hora después de haberse encaramado al tejado, y reducido por tres agentes de la Guardia Civil, el hombre bajó a tierra firme sano y salvo.

Allí fue atendido por un ataque de ansiedad y alejado de la zona por sus allegados y los miembros de la intervención policial. Había estallado la trifulca.

Con pedradas a diestro y siniestro, y un caos absoluto agravado por la semioscuridad del temporal de lluvia y viento que azotó ayer la ciudad en medio de una zona sin urbanizar, la Guardia Civil puso toda la carne en el asador y tiró de contundencia.

Los arrestos se sucedían. Al cierre de esta edición los efectivos de la USESIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Benemérita y la Policía Local procedieron a realizar hasta 30 detenciones, -entre las que se encontraba el promotor que acudió a las dependencias policiales para prestar declaración, tras lo cual quedó en libertad a la espera de ser citado en sede judicial-. Todos ellos pasaron por el cuartel de Chiclana, donde fueron identificados y se les tomó declaración por un presunto delito de resistencia a la autoridad y desobediencia para quedar en libertad a las pocas horas.

Trabajos

Para que los maquinistas pudieran acceder hasta el interior de la urbanización y comenzar a derribar la decena de viviendas tuvieron que pasar aún unos minutos más.

Apenas eran las diez de la mañana, y el trabajo de las fuerzas del orden había conseguido su objetivo de controlar a los cientos de personas que en distintos lugares en torno al callejón de los Frailes se agolpaban, algunos visiblemente alterados. En ese momento la hija del promotor, Isabel Tocino, acompañada de su madre, abandonaba la zona con lágrimas en los ojos. Aseguraba estar «totalmente destrozada» por lo sucedido. Los escarceos entre agentes de la Guardia Civil y ciudadanos que trataban de impedir la actuación de las excavadoras fueron menguando a partir de entonces. Tras dos horas de tensión máxima, la situación comenzó a normalizarse a la par que las excavadoras empezaban a tirar las casas.

Cierre del tráfico

Con varias calles cortadas a la circulación rodada y un control férreo sobre todo aquel que pasaba por la cañada de Los Barrancos por parte de la Policía Local, la maquinaria de la empresa Derribos Aragón contratada por el Ayuntamiento tenía vía libre para hacer su trabajo.

En apenas cuatro horas habían concluido. Faltaban diez minutos para las dos de la tarde, y LA VOZ era testigo de cómo los últimos agentes de Guardia Civil y Policía Local abandonaban el lugar del derribo dando por finalizado el dispositivo de vigilancia montado en Los Barrancos la madrugada antes.

De inmediato decenas de curiosos se acercaron a ver el resultado del 'desastre' en Majadillas. En el solar, aún precintado por las autoridades y donde hacía apenas unas horas se levantaban diez imponentes viviendas unifamiliares de 400 m2, jardín y barbacoa, apenas quedaban un montón de escombros. Los comentarios eran similares. «Es una pena»; «Siempre pagan los pobres», espetaban muchos de estos chiclaneros.

Sin objetos de valor

Se da la circunstancia de que la familia Tocino, como propietarios de los inmuebles, habían retirado de su interior durante el fin de semana la mayor parte de sus enseres, incluido sanitarios y mobiliario, según confirmaron a este medio fuentes de la Guardia Civil que intervinieron en el desalojo y posterior derribo de las construcciones.

Lo vivido ayer en Chiclana no tiene precedentes en la localidad, que ya ha pasado en lo que va de año 2009 por otras dos demoliciones dictaminados también por orden judicial.

En ambos casos no se produjeron incidentes y las labores se desarrollaron sin alteraciones del orden público. En el caso de las diez viviendas de la zona de Majadillas Bajas, la gran tensión vivida ayer refleja a las claras que el problema de la edificación ilegal en la localidad de Chiclana es muy complejo. Y es que mientras los propietarios de las unifamiliares se lamentan por «quedarnos en la calle», Urbanismo insiste en que se ha limitado «a cumplir el mandato de un juez».