La Guardia Civil ve vínculos entre ETA y 'Egunkaria'

El guardia civil que dirigió las pesquisas y ejecutó la orden de cierre del diario en euskera 'Egunkaria', clausurado en 2003 por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, aseguró ayer ante el tribunal que existen vínculos «evidentes» que relacionan al rotativo con ETA. El agente señaló que los primeros indicios aparecieron cuando investigaban la conexión de la organización terrorista con la fundación Euskalgintza, entidad a la que pertenecía el diario dirigido por Martxelo Otamendi.

El agente, uno de los tres que comparecieron ante el tribunal presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez en la segunda jornada del juicio contra cinco directivos de 'Egunkaria', señaló que tras aparecer el nombre del periódico en papeles e intervenciones telefónicas realizadas a responsables de la fundación Euskalgintza comenzaron a estudiar su nacimiento y ver las vinculaciones económico-financieras, «para nosotros evidentes», que había con ETA.

Gómez Bermúdez cortó entonces en seco las preguntas de las defensas de los acusados sobre este presunto nexo, ya que, según dijo, estas interpelaciones formarán parte de la fase pericial que comenzará a partir del próximo 12 de enero y en la que volverá a comparecer el mismo guardia civil como testigo.

Las palabras del agente no alteraron el criterio del fiscal Miguel Ángel Carballo, quien volvió a pedir el archivo de la causa al considerar que no existen indicios delictivos contra los inculpados y rechazar las pruebas de cargo, entre ellas documentos intervenidos a ETA entre 1990 y 1993 en los que aparecen conexiones económicas entre la banda y 'Egunkaria'.

Malos tratos

Los tres guardias civiles que participaron en aquellas pesquisas negaron, por otra parte, las acusaciones de malos tratos formuladas por los acusados. Solamente uno de ellos reconoció un «incidente» con Xabier Oleaga, quien sufrió una torcedura de tobillo en comisaría y que, según señaló el acusado, tuvo que recibir tratamiento médico en prisión. Rechazaron, asimismo, las presuntas vejaciones homofóbicas que manifestó Martxelo Otamendi y que le llevaron a presentar una denuncia en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A la salida de los juzgados, el imputado Juan María Torrealday mostró su preocupación porque las acusaciones populares sigan manteniendo los cargos pese al rechazo del fiscal. Tras él, asentían con la cabeza los otro cuatro inculpados. Los acusadores, la Asociación Víctimas del Terrorismo y el colectivo Dignidad y Justicia, imputan a los cinco directivos un presunto delito de integración terrorista y piden para ellos penas de entre 12 y 14 años.