Optimismo y realidad

La aprobación ayer por la Comisión de Igualdad del Congreso de la nueva ley que regula el aborto escenificó la capacidad del Gobierno para dotarse de los socios precisos -PNV, ERC e IU- a fin de hacer prosperar uno de los proyectos legislativos más polémicos de la legislatura. El refrendo de una reforma que establece el derecho de las mujeres a interrumpir libremente su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación refleja la configuración de una mayoría parlamentaria legítima, que sostendrá el cambio legislativo que sustituirá a la despenalización vigente desde 1985. Pero la lógica democrática de esa mayoría no puede obviar que no se ha alcanzado el consenso que cabía desear en materia tan sensible; ni tampoco que la tramitación parlamentaria no parece haber favorecido tanto la búsqueda de acuerdos para pulir, perfeccionar o mejorar el proyecto, como la componenda para propiciar el pacto. A esto último apunta la distinta interpretación que parecen hacer el PSOE y el PNV sobre el alcance de la enmienda por la que las jóvenes de 16 y 17 años tendrán que informar de su intención de abortar al menos a uno de sus padres o tutores legales, pero siempre y cuando no aleguen «fundadamente» un conflicto grave o peligro de violencia. La ambigua redacción de las matizaciones a la propuesta original, por las que el PNV ha justificado un respaldo que, en realidad, tenía muy difícil revocar tras haberlo dado por hecho, no ha encarado un dilema más de fondo. Dilema que implica cuestionarse si el ejercicio de la libre decisión por parte de las adolescentes no podría agravar su soledad o desamparo ante una decisión tan compleja; y si lo que no sería obligatorio -en este caso, informar a los padres-, sí resultaría cuando menos aconsejable. Junto a este aspecto, el trámite parlamentario ha llevado al Gobierno a atender el requerimiento no vinculante del Consejo de Estado para incluir en la ley una regulación de la objeción de conciencia, que quedará restringida a los profesionales sanitarios «directamente implicados» en la práctica de abortos. No obstante, este aspecto resultaba lo suficientemente relevante, como derecho emanado del orden constitucional cuyo ejercicio puede colisionar con otras consideraciones legales, como para que el Gobierno lo hubiera aislado con más rigor de los tiras y aflojas negociadores.

Los positivos vaticinios del presidente Rodríguez Zapatero respecto a la marcha de la economía española cuentan con una ventaja: es seguro que algún día se harán realidad. Pero la confianza social necesaria para que nuestro país emprenda el camino de la recuperación sólo puede ser fruto del rigor y de la solvencia con que los responsables económicos afronten el hecho de que la crisis toque fondo con medidas que favorezcan realmente el cambio en el patrón de crecimiento y la inmediata generación de empleo. El presidente cifró ayer en medio millón los trabajadores que se mantienen empleados gracias a las iniciativas del Gobierno. Pero el alto índice de paro que seguimos mostrando como diferencial en la UE, sumado al deterioro de nuestra credibilidad en los mercados internacionales a causa del déficit público acumulado, demandan mucho más que un discurso de optimismo. Exigen una actuación de urgencia para restablecer unos niveles aceptables de empleo y consumo, y una disposición más abierta a la revisión de la legalidad y de la negociación colectiva por parte de todos los actores de la economía.