El PP aplicará a sus dirigentes medidas de transparencia y anticorrupción

El PP aprobará el próximo lunes el Código de Buenas Prácticas para aplicar a sus cargos y dirigentes las medidas por la transparencia y contra la corrupción que propone al resto de fuerzas políticas. La secretaria general, Dolores de Cospedal, remitió ayer a los otros partidos el documento aprobado el fin de semana en Sevilla con las bases para el acuerdo político que ponga en marcha 50 medidas destinadas a erradicar las prácticas corruptas de la política.

Cospedal se declaró dispuesta a celebrar encuentros con los líderes políticos en reuniones multilaterales o bilaterales pero indicó que sería lógico iniciar los contactos con el PSOE. «Que los partidos nos pongamos de acuerdo es la mejor manera de evitar situaciones de corrupción», comentó en rueda de prensa tras el comité de dirección. En su opinión, debería constituirse una mesa de partidos para elaborar un documento conjunto y, «negro sobre blanco», buscar mecanismos para su aplicación a todos los políticos, con carácter general. Aunque algunos cambios podrán introducirse en la legislación, otros -como las garantías del Pacto Antitransfuguismo-, dependerán del compromiso político que alcancen los partidos.

El PP desea que las bases para el pacto vean «su plasmación en leyes que deben concretarse en el Congreso», según indicó la número dos. En cualquier caso, anunció que si el resto de partidos no acepta la regulación legal de sus propuestas, «el PP las aplicará como código de conducta interno».

La secretaria de Organización, Ana Mato, elabora dicha normativa, que tiene previsto aprobar la dirección el próximo lunes y que, entre otras cosas, establece de aplicación para dirigentes y cargos públicos populares la prohibición de recibir regalos, con excepción de fechas tasadas -Navidad, onomásticas y cumpleaños- y con un valor determinado.

Asimismo, el PP trasladará a su normativa interna el régimen de contrataciones que incluye su propuesta de pacto para que no puedan trocearse los contratos y exista un estricto control de las adjudicaciones. Se institucionalizará el sistema de adjudicación de servicios mediante concurso, que resolverá una mesa de contratación en la que siempre estará presente un representante del departamento de auditoría. Este mecanismo servirá para la compra de material, organización de campañas, celebración de eventos, viajes, publicidad, etc.

Todos los dirigentes populares estarán obligados a hacer públicos sus bienes, intereses y actividades aunque no ocupen cargos públicos de representación o gestión en las distintas administraciones. Este precepto, que copia la normativa general para senadores y diputados, será de aplicación para los miembros de la dirección nacional pero también para los órganos territoriales en autonomías y ayuntamientos. Además, se establecerá un exigente régimen de incompatibilidades.