El PP acusa al Ayuntamiento de adjudicar por dos millones de euros una obra ya hecha

«El PSOE de la ciudad es un continuo escándalo que retrata a un Gobierno sin rumbo ni timón. No tiene escrúpulos en pisotear la legalidad vigente, por lo que acudiremos al Ministerio Fiscal y pondremos esto en conocimiento de la Justicia». Así de contundente se mostró ayer la portavoz del PP, María José García-Pelayo, que se refirió esta vez a las obras incluidas en los Fondos Estatales de Inversión Local, más conocidos como Plan Zapatero. Y es que, en el seguimiento que el PP está realizando, ha detectado que «hace unos días Pilar Sánchez sometió a la aprobación un proyecto para captar fondos, unos dos millones de euros, para realizar una obra que ya estaba hecha y pagada».

Los populares creen que el Gobierno de Pilar Sánchez ha podido incurrir en un posible delito de prevaricación «penal», teniendo en cuenta que «ha adoptado una decisión injusta e injustificada, puesto que dicha obra ya está hecha y deberían saber que incumple todos los requisitos» del plan de Rodríguez Zapatero.

Un «escándalo muy grave» según la líder del PP local y parlamentaria andaluza, que tiene que ver concretamente con la infraestructura de saneamiento del arroyo de La Canaleja. Alrededor de 2,1 millones de euros con un plazo de ejecución de nueve meses, precisó García-Pelayo, y que en teoría suponen la contratación de 90 personas en paro, aunque el Gobierno local aseguró ayer que ya ha subsanado el error.

Se trata de unos trabajos, recordó la portavoz popular, que tienen que ver con los problemas de desbordamiento por las aguas de lluvia, y que se pusieron en marcha en 2007. En realidad, no toda la obra se ha ejecutado, pero sí 500 de los 750 metros totales, es decir, dos tercios: «Se firmó un acuerdo entre Ayuntamiento y junta de compensación, donde está una promotora local. Según el mismo, el Ayuntamiento hacía el proyecto de obra, pero 500 metros los llevaba a cabo la junta de compensación y el resto, el propio Ayuntamiento». El importe de la parte «ya ejecutada y sufragada por el sector privado, supera el millón de euros», cantidad, por tanto, que el Gobierno local se vería obligado a devolver al Estado.

A pesar de todo ello, remachó García-Pelayo, «el Ayuntamiento saca a concurso los 750 metros, que están adjudicados de manera provisional y definitiva, el 20 de marzo de 2009». La adjudicataria, in