Opinion

Pacto de cambio

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E l acuerdo alcanzado ayer por el PSE y el PP sienta las bases para encauzar el cambio en Euskadi más allá de la investidura como lehendakari de Patxi López que asegura el apoyo de los populares, quienes en correspondencia presidirán por primera vez el Parlamento vasco. Más allá del reparto de poder en que se va a traducir el respaldo de la formación de Antonio Basagoiti al candidato socialista para propiciar el histórico cambio en Ajuria Enea, el pacto que ultiman ambos partidos y su plasmación en un documento que concreta el alcance de su colaboración en materias como la lucha antiterrorista, la respuesta institucional frente a la crisis o la política educativa implican una coincidencia que va más allá de la declaración de intenciones para tratar de procurar un entendimiento que redunde en la estabilidad del nuevo Ejecutivo. En contraste con la distancia con la que el PSE se posicionó de inicio ante el acuerdo y su posible contenido, las negociaciones parecen haber deparado una alianza más sólida y profunda que la que va a permitir a Patxi López, salvo sorpresa, convertirse en el primer presidente vasco no nacionalista, al extenderse al ejercicio de la gobernabilidad favoreciendo, con ello, el sostenimiento del Ejecutivo socialista en minoría. Es precisamente esta dimensión del pacto la que conjuraría los riesgos y las acusaciones de frentismo, dado que su contenido rebasaría el objetivo inmediato de consumar el relevo de Juan José Ibarretxe al frente del Gobierno de Vitoria.

Los compromisos adquiridos comprometen al PSE en la traslación del mismo a la acción política que vaya a desarrollar a partir de la investidura, pero también al PP en tanto en cuanto se ha mostrado decidido a buscar de sus interlocutores una alianza más duradera que la derivada de la elección presidencial y sus contraprestaciones. Ese empeño de los populares subraya su responsabilidad a la hora de facilitar la estabilidad de las instituciones, máxime cuando encabezarán el Parlamento. Frente a aquellos precedentes en que la presidencia de la Cámara ha evidenciado un escoramiento excesivo hacia los planteamientos más partidistas o los designios del Gobierno, la nueva dirección del Legislativo deberá esforzarse en garantizar su función institucional conjugando el legítimo y democrático juego de las mayorías con el respeto hacia las posiciones de quienes no formen parte de las mismas.