Francia paga por 40 años de ensayos atómicos

«Están rozando la histeria». Con estas palabras descalificó en 1996 el entonces primer ministro francés Alain Juppé las airadas reacciones mundiales que se levantaron contra el último ensayo nuclear de Francia en el Pacífico sur.

Casi trece años después de los 120 kilotones de Mururoa, el actual ministro de Defensa, Hervé Morin, manifestó ayer que «era hora de que nuestro país estuviese en paz consigo mismo». Frase de contrición para anunciar la voluntad del Gobierno de indemnizar a los «varios centenares» de los 150.000 trabajadores civiles y militares que pudieron verse afectados por la radiación de esos ensayos.

Seis pruebas se realizaron entre finales de 1995 y 1996 para «garantizar la seguridad y fiabilidad de las armas», en particular de los misiles TN-75 con cabeza nuclear que desde entonces portan los submarinos galos. Estas se sumaron a las 204 practicadas antes, algunas con resultados catastróficos. En un ensayo realizado en el Sahara el 1 de mayo de 1962, se produjeron importantes lluvias radiactivas en una zona de más de 150 kilómetros alrededor de la explosión. En Polinesia, según el propio Ministerio de Defensa francés, se observaron una decena de lluvias radiactivas en varios atolones, de las cuales seis tuvieron impacto radiológico, como consecuencia de los 41 ensayos aéreos llevados a cabo allí.

A la cifra de posibles víctimas francesas habría que añadir las poblaciones de Argelia y Polinesia. Estudios de epidemiología de cánceres llevados a cabo por el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica demostraron que había un «vínculo estadísticamente significativo» entre los ensayos nucleares y los cánceres de tiroides.

Durante muchos años, Francia se negó a reconocer oficialmente este vínculo entre sus pruebas atómicas y las quejas de salud denunciadas tanto por parte de militares como por los empleados civiles involucrados en las mismas. Las autoridades consideraban que «abrir la puerta a las compensaciones supondría una amenaza para mantener una fuerza disuasoria nuclear creíble».

Sin embargo ahora, más de una década después del fin de las pruebas en el Pacífico y tras la ratificación por Francia del Tratado de prohibición de los ensayos, una partida de 10 millones de euros a cargo del ministerio el primer año empezará a paliar las consecuencias. Una comisión independiente integrada por médicos y presidida por un magistrado se encargará de estudiar caso por caso y, si acepta una demanda, «la reparación del perjuicio será integral». Así se evitará que, como hasta ahora, tuvieran que ser las víctimas quienes demostraran que la enfermedad que padecen se debe a las radiaciones nucleares provocadas por los ensayos militares.

Las 18 enfermedades que serán reconocidas son las mismas que las de la lista establecida por las Naciones Unidas para el estudio de las radiaciones ionizantes, entre ellas leucemia, cáncer de mama y de tiroides, pero podrá ser ampliada a medida que evolucionen los conocimientos médicos. Los indeminzados serán civiles y militares, empleados por la defensa o por entidades como la Comisión de Energía Atómica (CEA) o por subcontratistas, así como también poblaciones argelinas o polinesias vecinas de las zonas de las pruebas.

«Avance notable»

El hecho de que no se haya fijado tope alguno de radiación ha satisfecho a los afectados. El presidente de la Asociación de Veteranos de Pruebas Nucleares, Michel Verger, ha calificado la iniciativa de «avance notable», aunque considera que hay «puntos que deben ser mejorados».