Los padres de los presuntos estafadores entregan sus propias casas como fianza

Resulta irónico: la fianza que pondrá en libertad a Luis García y Ana Suárez -los dos presuntos estafadores encarcelados dentro de la operación Burbuja Inmobiliaria, por vender las mismas viviendas a más de un comprador- se ha saldado entregando al juez las escrituras de varias casas como garantía de pago.

De este modo, si la venta fraudulenta de unas viviendas los llevó a la cárcel, serán también viviendas las que los liberen.

Por supuesto, los inmuebles no pertenecen a los dos detenidos, ya que, como avanzó LA VOZ, las propiedades de ambos están embargadas por impagos de hipotecas. Las viviendas son propiedad de sus padres, que ayer hicieron entrega de las viviendas ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Cádiz, que ordenó la prisión bajo fianza de 70.000 euros por cada uno de los imputados.

Se desconoce el número de inmuebles o la zona donde se ubican, pero su valor total deberá superar los 280.000 euros para que sirva como fianza conjunta -el doble de dinero que se solicita en metálico-. Así lo estipula la ley, según la cual la «fianza hipotecaria», como se conoce este tipo de aval con bienes inmuebles, debe ser «el doble que el del metálico» y «de un cuarto del valor de la cotización», si se hubiesen entregado como aval acciones de bolsa o similares.

El ingreso de la fianza no ha supuesto aún la libertad inmediata de los dos detenidos, que siguen encarcelados en los centros penitenciarios de Puerto II (Luis García) y Puerto III (Ana Suárez), a la espera de que el juez de instrucción, Sergio Escalona, solicite a un perito tasador que certifique el valor de las viviendas emprendadas.

La libertad de Luis García y Ana Suárez podría retrasarse, por tanto, un «tiempo indefinido», según fuentes de la defensa, que podría ser «de días o de semanas». En todo caso, una vez que sean excarcelados con cargos, están obligados a presentarse cada 15 días en el órgano instructor, según indica el auto del juez que los envió a prisión.

Ajena a estos movimientos, la operación policial en torno a la estafa continúa recopilando documentación y declaraciones de los compradores afectados, cuyo número sigue fijo en las 21 personas que pagaron las entradas por la compra de las viviendas.

'Pufo' en las hipotecas

El grupo III de la Udyco de la Policía de Cádiz, que lidera la operación, estudia además la ingente documentación hallada en las viviendas de Ana Suárez y Luis García, así como en el maletero del Audi A5 alquilado por la dueña de las clínicas dentales a través de una de sus empresas.

Entre todos estos documentos puede estar la clave sobre la presunta contratación ilícita de tres hipotecas, con las que podrían haber estafado hasta 1.250.000 euros a las entidades financieras que se las concedieron.

Luis y Ana contrataron hasta cuatro créditos hipotecarios entre mayo de 2007 y junio de 2008, tanto en bancos, cajas de ahorros y firmas financieras al consumo -menos restrictivas a la concesión de créditos-.

Tres de estos préstamos tenían a Ana como única titular, y como garantía se registraron las viviendas que sirvieron para la estafa: dos en la calle Torre de Cádiz y otra más en la calle Barrié.

La estrecha relación de «amistad» de Ana Suárez con Luis García hace suponer que el imputado intervino también en la negociación con los bancos de las cláusulas y las condiciones, así como en la tramitación de los documentos.

De hecho, según consta en el sumario de instrucción, Luis figura en algunos de los documentos presuntamente falsos con los que se logró convencer a las entidades de la solvencia de Ana Suárez. Juntos habrían realizado toda una serie de tejemanejes documentales para disimular deudas, o fingir ingresos ficticios: por ejemplo, al pedir un crédito entregaron un contrato de alquiler (con el membrete de Red Casa) en la que Luis García aparecía como alquilado, a pesar de que tenía una casa en propiedad en Chiclana, otra en el centro de Cádiz y otra alquilada en la calle Granja de San Ildefonso de la capital.

Aunque los puntos más oscuros de las contrataciones de créditos están aún por esclarecer, y apuntan a una posible ocultación de las deudas que Ana Suárez acumulaba. Eso explicaría que en plena crisis financiera, una entidad financiera aprobase en julio de 2008 tres créditos por valor de 400.000 euros (para comprar dos casas en la calle Torre), a pesar de que por aquel entonces Ana debía a una caja de ahorros seis meses de hipoteca, por la compra del piso piso ubicado en Barrié (y que se encuentra ya en ejecutoria). La obtención bajo engaños de este dinero sería motivo de estafa.

Una entidad se libró

Para colmo, Ana Suárez también dejó de pagar los otros dos créditos obtenidos, con lo que debe a los bancos más de 700.000 euros, más intereses y demoras.

La imputada había intentado obtener un cuarto préstamo utilizando los mismos medios de engaño con otra empresa de servicios de financiación inmobiliaria, en febrero de 2008, y que podrían haber incrementado el pufo estafado. Pero la entidad crediticia rechazó la solicitud de crédito, según las sospechas de la investigación al detectar que las nóminas de Ana Suárez eran falsas.

La investigación sigue la pista de la contratación de una quinta vivienda, esta vez propiedad de Luis García en Chiclana y contratada a mediados de 2007. La vivienda -que fue utilizada también en la estafa- era anteriormente de Ana Suárez.

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