La Fiscalía culpa a los consistorios

l fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, lo tiene claro. El coste de legalizar, urbanizar y dotar de servicios las zonas de viviendas irregulares «lo tiene que asumir quien cometió la ilegalidad y no el resto de ciudadanos». Para Núñez, «los Ayuntamientos no han ejercido su responsabilidad de hacer cumplir la legalidad urbanística» en numerosos puntos de Andalucía en general y Cádiz en particular, lo que ha ocasionado en muchas localidades un verdadero problema social. El fiscal reconoce además que en los últimos años los propietarios se han convertido en verdaderos grupos de presión.