El PP cree que la reforma es una «copia incompleta» e IU la tacha de «derechazo»

El Gobierno ha aprobado el informe sobre la reforma de la Ley de Extranjería, que plantea limitar la reagrupación de los ascendientes, ya que sólo podrán venir los mayores de 65 años y si su familiar reside en España desde hace más de cinco años. La oposición ha puesto sus 'peros'.

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, ha afirmado que la propuesta "copia en un 80%" la proposición de ley presentada por los 'populares' hace un mes aunque es incompleta, tiene "lagunas evidentes" y supone una "rectificación" del Ejecutivo en esta materia.

El dirigente del PP ha lamentado que el Gobierno siga sin afrontar asuntos como el contrato de integración, la prohibición de regularizaciones masivas por ley y que haya "olvidado" incluir política eficaces de integración laboral o social. Ayllón también ha advertido de que una "ley nueva no garantiza el fin de los problemas" y ha confiado en que esta cuente con los suficientes medios económicos para su desarrollo y puesta en marcha.

A su juicio, la reforma se está haciendo "una vez más de espaldas a la realidad". Si "con los gobiernos del PP los inmigrantes venían a trabajar, con los de Zapatero vienen a compartir las colas del paro", protestaba.

IU denuncia la "restricción de derechos"

Más crítico ha sido el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, que ha lamentado que la reforma de la ley "emana un tufillo a derechazo en materia de inmigración insoportable" y demuestra que el Gobierno ha escuchado los "cantos de la sirena de la derecha" en esta materia.

También en conferencia de prensa, Llamazares ha criticado que el Gobierno "en vez de hacer pedagogía haya optado por dar un derechazo en materia migratoria". Según sus palabras, se trata de una reforma "clandestina", que no se ha negociado con los sindicatos, la patronal, las ONG, las fuerzas políticas, ni con los grupos parlamentarios, que se pretende aprobar "de tapadillo"

Además, para Llamazares, esta reforma de la ley supone una "restricción de derechos" evidente, en especial en asuntos como el periodo de internamiento o los procesos de reagrupación familiar.