DEPÓSITO. Efectivos de la Policía Nacional en el trastero del barrio de Chantrea donde el comando escondía un centenar de kilos de explosivos y sus armas. / EFE
ESPAÑA

La Audiencia Nacional confirma que el 'comando Navarra' se disponía a atentar

El jefe militar de ETA, 'Txeroki', ordenó a los cuatro detenidos, encarcelados por el juez, atacar cualquier objetivo viable, en especial a policías, jueces y políticos

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La Audiencia Nacional confirmó ayer que el comando Navarra de ETA desarticulado el martes pasado en sendas redadas en Pamplona y Valencia se disponía a atentar de inmediato. El auto por el que el juez Santiago Pedraz ordena el ingreso en prisión de Xabier Rey, Aurken Sola, Araitz Amatría y Sergio Boada indica, tras analizar los indicios acumulados en la investigación, que el grupo disponía cuando fue neutralizado por la Policía Nacional de «la suficiente formación y del material necesario para el inicio de la realización de acciones de carácter terrorista».

Los especialistas de la Policía Nacional todavía no han podido desentrañar la información incautada al comando y encriptada en distintos soportes informáticos, pero durante los interrogatorios a los detenidos sí han podido saber que el jefe militar de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, dio orden a los terroristas de atacar cualquier objetivo que fuese viable en la comunidad foral, con preferencia por policías y militares, jueces y políticos, según indicaron fuentes antiterroristas. De hecho, los etarras arrestados ya contaban con algunas informaciones «muy trabajadas» sobre personas de estos colectivos, así como de empresarios de la zona, y con material para la fabricación de bombas-lapa, utilizadas de forma habitual para asesinatos selectivos.

Pedraz, que interrogó durante poco más de dos horas a los cuatro presuntos etarras como juez de guardia, explica en el auto que la nueva estructura terrorista que la banda había puesto en pie en Navarra se componía de un comando de legales (no fichados por la policía) formado por Rey y Sola y por un talde de apoyo constituido por la novia de Rey, Araitz Amatría, y por Sergio Boada, que colaboraban con ellos en tareas de cobertura e información.

El magistrado destaca, en un escueto documento de tres folios, que los dos jefes del grupo habían sido seleccionados y formados en manejo de armas y explosivos y en protocolos de seguridad por el propio Txeroki, que al tiempo les había entregado al menos dos armas cortas y un centenar de kilos de explosivos, el material preciso para fabricar varias bombas, y les había dado las instrucciones y los documentos para atentar. Los detenidos se negaron a contestar este sábado a las preguntas del juez, pero sí que prestaron declaración varias veces durante los cinco días que han estado en dependencias de la Policía Nacional.

El auto judicial señala que el cursillo terrorista se celebró, posiblemente entre los días 15 y 18 de octubre, en una casa propiedad de la tía de Amatría ubicada en la urbanización Residence Lissardy de Hendaya (Francia), inmueble que ayer fue registrado por miembros de la policía francesa. A la cita con Txeroki sólo acudieron Rey y Sola, que utilizaron notables medidas de seguridad para cruzar la frontera.

El juez aclara que los dos terroristas viajaron en vehículos prestados y que dieron rodeos por lugares «retirados» de Navarra e hicieron recorridos y maniobras complejos, sin motivo aparente, para «detectar si eran objeto de algún seguimiento». El documento no hace referencia alguna al diálogo con Txeroki, pero fuentes del caso indicaron que los dos cabecillas confesaron en comisaría que el jefe militar de ETA les contó que había sido uno de los terroristas que participó hace casi un año en el asesinato de dos guardias civiles desarmados en un aparcamiento de Cap Breton.

Pedraz aclara que el trastero de Pamplona en el que los investigadores localizaron los explosivos, los dos revólveres, la munición y los documentos de la banda fue alquilado por Rey y que él y sus colaboradores trasladaron de noche hasta allí el arsenal terrorista que la dirección de la banda les dejó enterrado en un zulo en un monte cercano a Pamplona.

Presuntos colaboradores

El magistrado señala que la novia de Rey, detenida en Valencia, donde se refugió al sospechar el peligro, facilitó información al comando sobre la fecha y el lugar de los controles policiales de la zona de Pamplona -como demuestran notas manuscritas-, le prestó la casa de su tía, se desplazó con su novio hasta un buzón de la banda en la zona pirenaica navarra de Nardués, y estuvo presente en reuniones con Boada.

Del segundo presunto colaborador el magistrado destaca que mantuvo contactos con la pareja de etarras, en los que adoptó grandes medidas de seguridad -lo que apunta a citas de carácter-orgánico»- y que ambos le visitaron en su casa para entregarle soportes informáticos que aún están pendientes de analizar.

Pedraz dice que por este motivo Boada debe permanecer encarcelado e imputado por colaboración con ETA hasta que se aclare su concreto grado de implicación en la estructura terrorista. El juez de guardia de la Audiencia, que actuó en sustitución del instructor Fernando Grande-Marlaska, ordenó el ingreso en prisión de Rey y Sola porque entiende que hay indicios suficientes para imputarles los delitos de integración en ETA, depósito y tenencia ilícita de armas y explosivos con fines terroristas, y conspiración para la comisión de atentados. La Policía Nacional baraja la posibilidad de que el bilbaíno que adquirió la tarjeta de teléfono móvil con el que un etarra avisó el jueves pasado de la colocación del coche-bomba que estalló en la Universidad de Navarra podría dedicarse a la compra y venta de este tipo de productos, según fuentes de la lucha antiterrorista.

J. M. M. G, que permanece detenido e incomunicado desde el viernes en dependencias policiales de Madrid, habría adquirido en los últimos meses, según las informaciones recabadas por los investigadores, más tarjetas SIM, con la presunta intención de comerciar con ellas.

Por el momento, no ha trascendido si el arrestado ha aclarado ya a los agentes antiterroristas a quién o quiénes vendió la tarjeta telefónica con la que los terroristas, tras colocar el coche bomba junto al edificio central del campus pamplonés, realizaron la llamada de aviso mientras huían de vuelta a Guipúzcoa.

También se desconoce los investigadores han podido averiguar ya si el detenido proporcionó la tarjeta a los etarras conocedor de su condición o si sólo creyó que se trataba de una transacción comercial más. De la respuesta que se obtenga a estos interrogantes y de que el detenido cambie su osca actitud inicial y sus contradicciones por una actitud de colaboración con los investigadores dependerá si J. M. M. G. queda en libertad en las próximas horas o si termina por pasar en los próximos días a disposición de la Audiencia Nacional.

Lo que sí está claro son dos cosas. Que el detenido fue quien compró la tarjeta SIM utilizada en el aviso, porque lo hizo con su DNI y fue reconocido por los dependientes, y que quien recibió la tarjeta conocía el uso al que estaba destinada. Aunque el dispositivo fue adquirido en Bilbao hace meses la llamada que los terroristas hicieron el jueves fue la única que se ha realizado con este teléfono.