La construcción de casas ilegales lleva al banquillo a 400 gaditanos en cuatro años

Dentro de dos semanas, seis vecinos de Chiclana tendrán que sentarse ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz para ser juzgados por construir tres chalés en 2003 en una parcela de su localidad clasificada como no urbanizable y, además, protegido por el PGOU, al estar situado junto a unos pinares. El juicio estaba previsto para este pasado miércoles, pero fue finalmente suspendido. El fiscal pide hasta dos años y medio de prisión por cada uno de ellos.

Hace años, un juicio como este resultaba cuanto menos raro, ya que la mayoría de las irregularidades por viviendas ilegales se resolvían por vía administrativa, a través de multas impuestas por los ayuntamientos afectados. En muchos casos pasaban desapercibidas o, según las asociaciones ecologistas, eran incluso «toleradas» por los distintos ayuntamientos de la costa. En los últimos años, en cambio, los delitos «contra el ordenamiento urbano» han dejado de quedar impunes y han empezado a ser perseguidos de forma penal por la Justicia.

En los últimos cuatro años, de hecho, aproximadamente 400 personas han sido detenidas y denunciadas en la provincia, según fuentes de la Policía Autonómica de Andalucía, competente en la investigación de delitos urbanísticos. A ellos se suman los interpuestos por los agentes de la Guardia Civil del servicio del Seprona.

Sólo esta unidad de la Benemérita ha detenido en lo que va de año a 16 personas por delitos contra el medio ambiente vinculados con las viviendas ilegales, pero además ha imputado a otras 59 personas por el mismo motivo. Todas ellas tendrán que pasar por el banquillo por un total de 39 delitos y 43 infracciones urbanísticas. La Policía autonómica en Cádiz, por su parte, detiene cada año entre 80 y 90 personas por construir casas de forma irregular.

40.000 casas ilegales

Las cifras pueden resultar apabullantes: cientos de gaditanos imputados cada año, enfrentándose en muchos casos a penas de cárcel. Sin embargo, se vuelven ridículas al contrastarlas con el aún más apabullante número de viviendas ilegales que se estima que existen en la provincia: los cálculos más conservadores de Ecologistas en Acción, por ejemplo, hablan de unas 40.000 casas irregulares. Se podría decir, por tanto, que sólo un 1% de los casos han llegado a ser denunciado por vía penal.

'Chanchullos' legales

Entre los delitos relacionados con las vivienda ilegales, no todos consisten en poner un ladrillo sobre otro en suelos donde está prohibido (aunque ésta sea la causa principal de la mayoría de los casos), según explica el fiscal de Medio Ambiente en Cádiz, Ángel Núñez, que es el encargado de perseguir las viviendas ilegales en la provincia y que considera abiertamente que «Cádiz está a la cabeza de denuncias judiciales y procesos de investigación» por estos casos, «por delante de muchas provincias no sólo de Andalucía, sino de toda España».

Núñez recuerda que en el saco de las casas ilegales entran también numerosos delitos por estafa o falsedad documental, de los cuáles, el juicio contra los chiclaneros que se celebrará en dos semanas es un buen ejemplo: de hecho, uno de los seis acusados (de profesión, aparejador) está imputado por falsear un informe técnico en el que fechaba cinco años antes una casa ilegal recién construida. Este chanchullo es uno de los más frecuentes entre los cometidos para que una casa ilegal evite el proceso judicial y administrativo, ya que los delitos urbanísticos prescriben a los cuatro años.

Además de estos, también hay que contar los delitos por prevaricación urbanística cometidos por funcionarios y concejales municipales. Estos pasan por el juzgado con mucha menos frecuencia, aunque en Cádiz ya se han descubierto y denunciado varios casos de sonada repercusión mediática, como la imputación del ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, y dos concejales de urbanismo.

Según la memoria de la Fiscalía de Cádiz, el número de investigaciones realizadas el año pasado hasta octubre llegó a las 280 diligencias, -sin incluir las del Campo de Gibraltar-, lo que duplicaba las que se abrieron en 2006.

Este año el número de diligencias, según las estimaciones Núñez, pueden ser incluso superiores a las de 2007, aunque quizá debido a la crisis, «el número de hechos cometidos parece que son menos». Es decir, el boom de las viviendas ilegales ha decaído, en paralelo a la crisis inmobiliaria que afecta a las casas que sí son legales.

«Impunidad total»

Con todo, la diferencia entre las viviendas detectadas y las que llegan a juicio lleva a muchos representantes ecologistas a considerar que «en materia urbanística la impunidad en la provincia de Cádiz ha sido hasta ahora total». Así lo cree, por ejemplo, Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción, que recuerda que «de las 40.000 viviendas ilegales se han tirado apenas una docena en los últimos años, y porque estaban en terrenos públicos, es decir, en suelos que ni siquiera eran suyos, que es una cosa escandalosa», afirma.

Clavero, recuerda además cómo «en la mayoría de ayuntamientos estas viviendas están en trámites de legalización», como efectivamente ocurre en Chiclana (donde el Ayuntamiento pretende legalizar más de 15.000) o Barbate, donde está previsto para la próxima semana un Pleno Extraordinario en el que se pretende recalificar como urbanizables terrenos de Zahora y los Caños donde hay casas construidas desde hace años.

Ecologistas en Acción considera que el derribo es «lo único que puede conseguir parar» el problema de la vivienda ilegal en Cádiz. Un punto de vista que coincide con la del fiscal de Medio Ambiente, que en este punto es acaso más optimista: «La inmensa de las sentencias son condenatorias y, cada vez con más frecuencia, ordenan la demolición de la construcción ilegal», recuerda Núñez.

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