Fin al 'top manta' de los esquejes

El pasado 1 de enero entró en vigor un acuerdo firmado en 2006 en la llamada Mesa de la Flor Cortada en Chipiona (que reunía a administraciones, empresas y sindicatos agrarios) para poner fin a una de las causas principales de la degeneración del sector de la flor cortada: el pirateo de esquejes, que llenó el mercado de flores piratas a lo largo de los años 90 y principios del presente siglo, mermando así su calidad y embarrando la imagen del producto típico de Chipiona.

Las flores, como la ropa o la decoración, también depende de las modas y cada cierto tiempo hasta las más clásicas como el clavel van modificando sus modelos, con nuevos colores, con iridescencias o terminaciones originales, con tallos más largos o con menos hojas, más gruesos o más estilizados. Las empresas que se dedican a inventar estas flores, conocidas como «tentores», son propietarias de los royalties de estas flores, que además de un derecho intelectual supone un certificado de garantía en la producción y en la calidad del producto. Estos registros de propiedad se renegocian y se actualizan cada dos años, que es el margen de tiempo que se puede explotar una planta de clavel. A partir de los dos años, la producción por cada planta decae.

Pese a que el precio de los royalties se ha mantenido durante años a pesar de la crisis del sector, muchos agricultores explotaban sus plantas más allá de los dos años . Y otros, directamente, pirateaban las flores, plantando esquejes sin permiso. La picaresca alivió los costes de producción, pero degeneró en un detrimento del producto que mermaba el precio de las flores en el mercado. Tentores como la empresa Geslive exigieron el cierre de numerosas explotaciones, denunciadas por utilizar ilícitamente los derechos de propiedad intelectual de las flores.

Con la firma del acuerdo se pusieron facilidades para legalizar muchos cultivos chipioneros, con el compromiso de las comercializadoras de no comprar plantas piratas. Los tentores, por su parte, se comprometieron a no denunciar a agricultores durante los dos años que tardarían en renovar sus cultivos con nuevos esquejes ya legales. El plazo culmina ahora y, según Jesús Casado, del Centro de Investigación Agraria de la ciudad los compromisos se están cumpliendo.