Un centenar de mujeres se ven obligadas a esconderse de sus agresores en Cádiz

El riesgo de muerte a manos de sus maridos, sus novios, o sus ex parejas..., quienes supuestamente más las habían amado, es tan evidente e inmediato que sólo pueden huir y esconderse para salvar sus vidas: dejar atrás su pasado y empezar a vivir a partir de cero en otra provincia donde nadie las conozca.

Las víctimas de violencia doméstica que se ven obligadas a buscar protección en casas de acogida están en el filo de la navaja. Huir «es el último recurso, cuando ya no hay más recursos, cuando han fallado todos los demás», explica Juan Ignacio Paz, psicólogo del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), el organismo de la Junta responsable en Andalucía de la mayoría de los centros en los que se da cobijo y, literalmente, se esconde a las mujeres de sus agresores.

Se pretenden evitar sucesos trágicos como los de María Victoria M. J. y María Juana López, de El Puerto y Jerez respectivamente, que han muerto en la provincia en este año a manos de sus ex parejas.

En la provincia de Cádiz, el IAM cuenta con cinco de estas casas de acogida, que deben ser, de hecho, secretas, casi invisibles. Y sus trabajadores guardan la máxima discreción para no desvelar ni siquiera la ciudad gaditana en la que se sitúan.

Por ellos han pasado sólo en lo que va de año casi un centenar de mujeres escapando de sus agresores. Además de ellas, hay que tener muy en cuenta a sus hijos, víctimas obligadas igualmente a huir de sus propios padres.

En resumidas cuentas, 202 personas fueron atendidas por situaciones límite de violencia doméstica en la provincia gaditana en los primeros nueve meses de 2008. Si se comparan estas cifras con las de 2007, se constata que apenas menguan de un año para otro y, a veces, incluso crecen: el pasado ejercicio, el número de madres e hijos que fueron atendidos fue de 213 (118 niños y 95 mujeres).

No todas estas familias partidas por la violencia son gaditanas. De hecho, de esas 95 mujeres acogidas en los centros de Cádiz el pasado año, sólo el 70% eran españolas. Y es que el porcentaje de extranjeras que sufren malos tratos por sus parejas es cada vez mayor. En Cádiz, sin embargo, representan poco más del 30% de las mujeres atendidas en los centros de acogida; un ratio relativamente bajo, si se compara con otras regiones donde las inmigrantes víctimas de la violencia machista llegan a protagonizar el 50% de los casos.

Primer paso, pedir ayuda

Por supuesto, ellas representan el rostro más extremo de la violencia doméstica ya que están en un riesgo cierto e inmediato, no sólo de malos tratos, sino de muerte. Pero las cifras hablan de muchas más víctimas de violencia: en 2007, el número de denuncias en Andalucía alcanzó las 14.977 (casi el doble que en 2002), situándose como la comunidad autónoma con mayor número de ellas de toda España. El 75,5% de los denunciados eran ex parejas o seguían viviendo con ellas, como cónyuges o compañeros sentimentales, aunque resulta curioso cómo casi un 25% eran hijos, padres o parientes cercanos.

En Cádiz, 2.274 mujeres interpusieron denuncias por violencia machista, es decir, casi cuatro de cada mil gaditanas, la mayoría (1.919) por delitos de malos tratos y 355 por faltas. El acceso a un centro de acogida, al igual que la denuncia, comienza «con el primer paso de pedir ayuda», explica el psicólogo Juan Ignacio Paz. «Lo que intentamos siempre es que las víctimas pidan ayuda, la denuncia es el siguiente paso y también resulta muy importante y útil; pero primero es fundamental romper el silencio, dejar de pensar que los trapos sucios se lavan en casa, porque esa es la estrategia del maltratador», incide.

Teléfono de socorro

Existe un teléfono, el 016 (a nivel nacional), para pedir ayuda. Y además, en la comunidad andaluza el IAM dispone de otro número gratuito en el que se puede pedir consejo, asesoramiento y por supuesto socorro: el 900 200 999. Es a través de esta línea donde comienza el proceso para que se realice el ingreso en un centro de acogida del instituto, incluso cuando se interpone una denuncia a través de la Policía.

«Cuando alguien llama se le hace una especie de entrevista por teléfono, para conocer la gravedad de su caso», explica Luisa, coordinadora de los centros de acogida del IAM en la provincia.«Si la mujer corre peligro, la reacción por parte del servicio de atención es inmediata: se le interna en un centro de emergencia», donde permanecerá oculta «tanto tiempo como sea necesario para garantizar su seguridad». Cádiz dispone de dos refugios de este tipo, en los que 52 mujeres fueron acogidas en 2008; y 59 en 2007.

Además de los centros de emergencia, Cádiz cuenta con una casa de acogida en la que la estancia es de mayor tiempo, aunque las plazas son limitadas (en 2008 fueron acogidas 25 mujeres con 31 hijos en Cádiz). Algunos ayuntamientos, como el jerezano y el de Cádiz, gestionan centros similares a éste, aunque actualmente sólo está abierta la sede de la Casa de la Mujer de Jerez.

En la casa de acogida que existe en nuestra provincia ninguna mujer maltratada es gaditana. «Las mandamos a otras provincias, donde no tengan familia ni puedan ser localizadas: lo principal es su seguridad y la de sus hijos», explican desde este centro oculto. Sin embargo, deben abandonarlo todo.

Alivio y rabia

«La llegada al centro les supone, por un lado, un alivio ya que se sienten seguras, pero también una sensación de rabia -explica el psicólogo del IAM- «porque se preguntan por qué tienen que ser ellas las que se escondan». Una vez alojadas, comienza un completo plan de atención y recuperación que durará «cuanto haga falta». Aunque lo habitual es que cada familia (madre e hijos) permanezca «de tres a cinco meses», hasta que se recupera de manera financiera, social y psicológica.

Durante el tiempo que pasan en el centro, abogados, psicólogos, trabajadores sociales y educadores intentan devolver a las víctimas de malos tratos una vida normal, «que va más allá de salir de casa» afirma Paz. «Les resulta muy difícil recuperar la confianza en otras personas, y quitarse el miedo y la culpa», concluye Juan Ignacio Paz. Por último existen lo llamados «pisos tutelados», que se conceden a mujeres que ya disponen de un trabajo y pueden mantener cierto grado de independencia. En Cádiz hay dos y sus inquilinas viven en ellos en régimen de acogimiento, pero «ya pagan la comida, la luz y el agua». Son el último escalón a la recuperación de una vida perdida, de la que siempre quedan cicatrices.

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