La Asociación Andaluza enviará a Garzón un listado con 22.000 víctimas de la represión franquista

La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) remitirá al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ha dado un plazo de 15 días a las asociaciones que solicitan una investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil para aportar una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación, un listado con "22.252 personas que fueron asesinadas durante la represión franquista".

La vicepresidenta de AMHyJA, Francisca Maqueda, explicó que en principio su asociación va a presentar esta relación de más de 22.000 personas, "que se encuentra en la base de datos de la página web 'www.todoslosnombres.org', en la que ya hay registrados 36.000 nombres de personas que fueron represaliadas de distinta manera".

Maqueda, quien dijo ignorar cuáles son los criterios que han motivo a Garzón reclamar información a unas provincias y no a otras, manifestó que además de estos nombres se van a presentar libros de historiadores locales, así como informes, si bien indicó que esta misma tarde se va a reunir la cúpula de la asociación para concretar qué información concreta se enviará al juez Garzón.

El magistrado hizo esta petición "con el fin de resolver sobre la competencia con la mayor rapidez" y "obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto".

La vicepresidenta de AMHyJA, Francisca Maqueda, aseguró que están "esperanzados en que en este país se haga justicia y que de una vez se sepa lo que pasó en aquellos años". Argumentó que aunque sea "muy importante" el paso que ha dado el juez Garzón todavía hay que ir "con cautela" porque "la denuncia no está admitida a trámite".

La denuncia de AMHyJA fue interpuesta por 57 desapariciones de personas en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva tras "el golpe militar que tuvo lugar en España en 1936". Según Maqueda, el objetivo de esta denuncia es que "se investigue el paradero de todas estas personas desaparecidas" y se solicite "responsabilidad al Estado, que tiene que averiguar lo que sucedió e informar a los familiares".

El magistrado, en una providencia hecha pública el pasado lunes, ha solicitado a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado "alzamiento nacional" de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.