Pakistán a peor
Las querellas internas del Gobierno de coalición que ha dirigido Pakistán en los últimos meses desembocaron ayer en el anuncio de que uno de sus principales pilares, la Liga Musulmana de Nawaz Sharif, abandona el Ejecutivo, lo que agrava el debilitamiento del poder político en un país enfrentado a una nueva y dramática escalada de la violencia islamista. El Partido del Pueblo de Pakistán fundado por Benazir Bhutto, cuyo asesinato dejó en manos de su viudo las riendas de la organización, conservará aún la mayoría en la Asamblea Nacional gracias al apoyo de pequeñas formaciones que le permiten gobernar. Pero los intereses divergentes entre ellas presagian una época de graves turbulencias. A las tensiones internas del Ejecutivo hay que sumar la gravísima incertidumbre regional, que convierte la quiebra de la coalición gubernamental en un motivo más de preocupación sobre la suerte de un Estado repercutido por la ofensiva de atentados de los talibanes y sobre el que se incrementa la presión de EE UU.
Actualizado: GuardarLa inestabilidad política e institucional alimentada por la dimisión del ex presidente Pervez Musharraf ha sido aprovechada por el Movimiento de los Talibanes de Pakistán para intensificar su sangriento desafío contra el frágil proceso de democratización del país. Sus tres últimos atentados han dejado un centenar de víctimas y la sensación de que, con la ayuda de la red de Al-Qaida, han tomado la iniciativa en una insurrección regional que, a juicio del viudo de Bhutto, puede llegar a imponerse. La pugna por restituir en el cargo a los jueces del Tribunal Supremo enfrentados a Musharraf, con el riesgo de que activen sumarios contra el ex -jefe de Estado, y el resurgir de las acusaciones de corrupción contra la familia Bhutto están en el origen de la batalla política entre los partidos democráticos. Pero, ante el riesgo de que cientos de muyahidines entrenados en Irak refuercen las células terroristas que se multiplican en la frontera afgano-pakistaní, las autoridades de Islamabad están obligadas a priorizar la defensa del orden político.
