Editorial

Machismo letal

La muerte en apenas unas horas de dos mujeres en Cataluña, supuestamente a manos de sus parejas, ha ensombrecido las estadísticas oficiales que apuntaban a una reducción de los asesinatos vinculados a la violencia machista, aunque los 36 casos contabilizados en lo que va de año siguen constituyendo una tragedia inasumible. El drama adquirió ayer un cariz especialmente sobrecogedor, después de que uno de los detenidos, de nacionalidad venezolana, se entregara en comisaría llevando en el maletero de su coche el cuerpo de su víctima, una joven hondureña de 20 años. La segunda fallecida tenía 50 años y su presunto agresor es español, lo que vuelve a poner de manifiesto el impacto de la violencia doméstica sobre todos los estratos de la sociedad. Pero la dificultad para afrontar las consecuencias de una casuística tan dispar no implica que no existan patrones comunes, ni déficits reiterados en la aplicación de las previsiones legales que urgen ser corregidos.

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Las estadísticas del primer trimestre de 2008 constatan que un tercio de las que mujeres que denuncian son extranjeras, un colectivo aún más vulnerable por su desconocimiento de los medios disponibles para paliar su indefensión; que siguen siendo casi insignificantes las demandas impulsadas por el entorno familiar o afectivo de las afectadas; que casi 2.000 sospechosos incumplieron las medidas cautelares impuestas o quebrantaron su condena; o que en el 36,6% de las situaciones de malos tratos se había extinguido ya la relación entre el agresor y su víctima. La frustración que provoca no haber contenido aún de forma satisfactoria la sangría de asesinatos obligan a adecuar con mayor eficacia los recursos legales y administrativos para hacer frente al machismo más destructivo. Un objetivo que apremia la reforma de la planta judicial para evitar el colapso de los juzgados especializados, la generalización de los controles telemáticos, la extensión de los programas de rehabilitación de los agresores y el impulso a las unidades forenses que calibren el riesgo real que corren las víctimas.