Opinion

Correción en vivienda

La proclividad de distintos miembros del Gobierno a la compra pública de suelo privado para paliar los efectos de la crisis inmobiliaria se tradujo ayer en el anuncio de una cifra ciertamente modesta por parte de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor: 300 millones de euros en octubre para VPO y el incremento de 100 a 150 de la cantidad ordinaria que la sociedad gubernamental responsable tenía asignados anualmente para la compra de terrenos. Lo extraño del caso es que tanto la ministra Corredor como el propio Presidente salieron ayer al paso de las críticas a dicha proclividad corrigiendo la argumentación inicial, señalando que esa dotación extraordinaria nada tiene que ver con la situación de las empresas inmobiliarias, sino que trataría de hacer efectivo el derecho a la vivienda. Es más, Rodríguez Zapatero quiso apuntalar el argumento subrayando cuán exigua es la cantidad prevista comparándola con la magnitud de la deuda que soportan las empresas del sector.

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El dinero previsto para la compra de suelo indica que el Ejecutivo opta por una línea más continuista respecto a sus planes de promoción de vivienda pública. La crisis inmobiliaria no puede contemplarse como un fenómenos inocuo para las políticas de vivienda trazadas con anterioridad, por lo que tanto el Gobierno central como los autonómicos y los ayuntamientos deben proceder con urgencia a la revisión de sus siempre inciertos paradigmas en la materia. Pero cuando menos el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha evitado añadir incertidumbres aventurándose a la compra masiva de terreno privado.