La maduración del PSOE
Hay algunos elementos en el desarrollo de estos cuatro primeros meses de la legislatura que sugieren con claridad que el PSOE está buscando con ostensible desconcierto una ubicación definitiva que le permita mantener la hegemonía y una cómoda velocidad de crucero. El desconcierto proviene de dos fuentes. De un lado, la mayoría gobernante, que está en plena resaca de una legislatura que, pese a la agitación reinante, llevó a cabo un amplio y profundo repertorio de reformas radicales que han colmado numerosas demandas y que difícilmente puede continuarse al mismo ritmo. De otro lado, el partido se ha encontrado con un contexto muy distinto: si en el cuatrienio anterior había de enfrentarse a un PP enrocado en posiciones extremas y vociferantes, actualmente tiene enfrente a una oposición conservadora en apariencia, mucho más moderada y capaz de alcanzar pactos con los grupos minoritarios.
Actualizado: GuardarEn principio, el Congreso socialista que se está celebrando debería servir para disipar el desconcierto y habilitar un camino de avance sereno y sólido, susceptible de calar en el tejido ciudadano y de ofrecer solvencia. En otras palabras, el proceso político de esta legislatura ya no debería consistir en una secuencia de reformas de gran calado encaminadas a actualizar el acervo legislativo para acomodarlo a la sociedad real, sino en una doble tarea consistente en hacer efectivas las normas ya existentes y mejorar la gestión política general.
Sobre la primera cuestión queda mucho por hacer. La Ley Integral Contra la Violencia de Género es una disposición muy completa que sin embargo ha ofrecido frutos mediocres. Ha llegado el momento de habilitar medios de toda índole que reduzcan efectivamente el peso insoportable de las estadísticas y materialicen en la práctica una protección a las víctimas que de momento es más teórica que real.
La Ley de Dependencia requiere mecanismos y recursos para cumplir su alta misión. Algo parecido sucede con la Ley de Igualdad. Y otras normas que inciden sobre el derecho de familia necesitan cierto proselitismo para que la sociedad avance al menos en la misma medida que las leyes.
Sobre la mejora de la gestión en general, es evidente que este país no habrá llegado a la verdadera modernidad hasta que se realice una reforma a fondo de las Administraciones públicas que nos aproxime a los baremos europeos. Las mejoras cualitativas de los servicios públicos son acciones que no requieren apenas aparato normativo y que sin embargo incidirían profundamente en el bienestar colectivo y en la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, que se logra mediante la universalidad de tales servicios.
En definitiva, se entiende mal que el Congreso socialista esté particularmente interesado en proporcionar titulares cuando lo que es preciso no son las propuestas espectaculares, sino la madurez y el buen tino para aplicar las innovaciones ya implantadas.
La actual legislatura habría de ser, además, la de la conclusión de la reforma del audiovisual público; la de la reforma consensuada de la Justicia; la del cierre de la reforma territorial en abierta sintonía con el PP; la de la recuperación de una gran política exterior; y la de los pactos de Estado. Pero sin duda, la actual legislatura debería ser, por encima de todo, la de la lucha contra la crisis económica, designio que habría de lograrse no sólo mediante el diálogo social, sino involucrando a toda las fuerzas políticas en una especie de renovados Pactos de la Moncloa, como muy bien sugirió el pasado miércoles en el Congreso el diputado de CiU Duran Lleida.
La vistosidad y la renovación han de dar paso, en estos tiempos de tribulación, a la eficiencia y al sentido del Estado. En estos caladeros deben buscar el PSOE y los demás partidos su cantera de votantes.
