Los Veintisiete achacan al «desconocimiento» las críticas a la directiva sobre inmigración

En rueda de prensa tras el Consejo Europeo que ha reunido en Bruselas a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, el presidente de turno, el primer ministro esloveno, Janez Jansa, ha calificado de "exageradas" las primeras reacciones a la normativa europea sobre inmigración y ha atribuido las posturas críticas surgidas en Latinoamerica y África, a un posible "desconocimiento" de lo que significa el texto aprobado. "Posiblemente alguien leyó un artículo en un periódico y no entendió completamente si se trata o no de una amenaza para los inmigrantes", ha señalado.

Sobre la respuesta airada del presidente venezolano Hugo Chávez, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Javier Solana, ha calificado de "totalmente desproporcionada" la advertencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de revisar las inversiones en su país de los que apliquen la directiva. El mandatario venezolano calificó el texto de "directiva del bochorno" y advirtió asimismo de que el petróleo venezolano "no irá" a los países que adopten la medida.

Por parte del Gobierno español, la vicepresidenta segunda, María Teresa Fernández de la Vega, se ha comprometido a hacer un esfuerzo diplomático de información con todos los países críticos con la norma, aprobada el pasado 18 de junio y que pretende armonizar en Europa los procedimientos de repatriación de los inmigrantes irregulares. De la Vega se ha mostrado confiada en que la información hará que latinoamérica entienda la política española.

El papel integrador de España

La número 'dos' del Ejecutivo ha aclarado que la iniciativa del Parlamento Europeo "no es aplicable a España", ya que tiene a su juicio una Ley de Extranjería que "garantiza los derechos de los inmigrantes", también de los que se encuentran en una situación irregular, al tiempo que establece un "procedimiento judicializado" desde sus inicios.

Según De la Vega, los dirigentes del Gobierno están "absolutamente seguros" de que los países latinoamericanos compartirán y seguirán apoyando la "política en común" de la UE, que ha establecido criterios "mínimos" en cuanto a privación de libertad de los inmigrantes ilegales hasta que sean repatriados. De la Vega ha esgrimido que la directiva europea establece "criterios y garantías donde antes no los había como, por ejemplo, unos mínimos de control judicial" y otros requisitos de procedimiento y de funcionamiento.

"Que es suficiente, seguramente no; que hay que avanzar, seguramente sí", ha matizado, al tiempo que ha dicho que los eurodiputados socialistas que la apoyaron "son responsables" y saben "lo que cuesta adoptar una política común" y "lo que es dar pasos pequeños".

¿Qué dice esta ley?

La directiva de retorno pretende armonizar dentro de la Unión Europea las condiciones de retención y expulsión de los inmigrantes "sin papeles". El Parlamento Europeo se pronunció el miércoles pasado a favor de esta legislación, sin introducir ningún cambio en el texto que había sido acordado por el Consejo de ministros de la UE.

La directiva, a la cual deberán adaptarse los ordenamientos nacionales una vez entre en vigor, establece un período de siete a treinta días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria. Además, fija el periodo máximo de retención en 6 meses, que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.

Una vez deportados, los indocumentados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración antes de que puedan entrar legalmente en territorio comunitario. En los últimos días, la inmensa mayoría de los gobiernos latinoamericanos se ha pronunciado en contra de esta ley.