El Parlamento Europeo aprueba sin cambios la polémica directiva de retorno de inmigrantes

Tras más de dos años de discusiones, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado sin cambios la polémica norma que armoniza en Europa los procedimientos de repatriación de los inmigrantes, incluido el apartado que más diferencias ha suscitado y que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses mientras se tramita su repatriación. Varias ONG han denunciado que esta norma vulnera los Derechos Humanos.

La Eurocámara, muy dividida, ha aprobado la directiva por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, gracias al apoyo mayoritario del grupo popular europeo, los liberales, la Unión Europea por las Naciones y de algunos socialistas, junto a parte de los euroescépticos y de los diputados no inscritos. Los socialistas se han dividido, aunque la delegación española tenía previsto votar a favor pese al rechazo de sus enmiendas. El grupo de los verdes y el de Izquierda Unitaria han votado contra el texto.

El visto bueno de la Eurocámara supone el punto y final de la tramitación de la directiva, que no sufrirá ninguna de las enmiendas propuestas para suavizar el texto y aproximarlo a la normativa de países más garantistas. Una vez publicada en el Boletín Oficial de la UE, los Estados miembros tienen un plazo de dos años para introducirla en sus legislaciones nacionales y un año adicional para prestar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes en proceso de expulsión.

Detalles de la norma

El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos en Europa, ya que en la actualidad cada país tiene libertad de actuación y puede aplicar los plazos que considere oportunos. Por ejemplo, en estos momentos nueve países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan ningún límite para la retención de inmigrantes durante el proceso de repatriación.

Estos Estados se verán obligados a cambiar su normativa para introducir el nuevo límite de seis meses, que se podrá ampliar a 18 si hay una falta de cooperación del inmigrante o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria expedida por terceros países. A España no le afectaría este límite porque en la actualidad el periodo máximo de retención es de 40 días y la directiva no le obliga a ampliarlo, aunque el Gobierno ha anunciado que pretende hacerlo.

Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los Estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación. La directiva de retorno se aplica también a familias y menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.

La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada. Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y treinta días.

Críticas a una directiva "aberrante" y "sin garantías"

Para la Comisión Europea y para grupos como el Popular, la directiva supone un "primer paso" hacia una política de inmigración común y acaba con la posibilidad de retención indefinida de los irregulares que existe en varios países de la Unión. "Este texto ofrece ciertas garantías comunes (...), al tiempo que permite que los Estados miembros mantengan y establezcan regímenes más protectores", ha recordado el comisario europeo de Justicia e Interior, Jacques Barrot.

Los representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que junto al resto de socialistas han tratado infructuosamente de introducir varias enmiendas en la Eurocámara, han justificado su voto favorable en la necesidad "urgente" de adoptar un marco común sobre inmigración, según ha explicado el eurodiputado Javier Moreno en un comunicado.

Mientras, para los críticos, la norma es excesivamente "restrictiva" y "no ofrece garantías suficientes" sobre el respeto de los derechos de las personas. Tras la votación, se escucharon en la Eurocámara palabras como "aberración", "vergüenza" o "inaceptable" en boca de eurodiputados socialistas como el italiano Claudio Fava y la francesa Martine Roure o de Izquierda Unida, como el español Willy Meyer, quien ha llamado a la movilización ciudadana contra la medida.

En especial, el ala izquierda del hemiciclo ha criticado el periodo máximo de retención y el trato a los menores sin familia, que podrán ser deportados a "terceros países con los que no tienen ninguna relación", ha denunciado Roure. También los sindicatos y las ONG se han mostrado en contra de la directiva de retorno y aseguraron que va en contra de los derechos humanos y atenta contra los ideales de libertad y convivencia de la Unión Europea.