Interrogarán a un centenar de testigos para la ilegalización de ANV y PCTV
El Tribunal Supremo interrogará en junio a más de un centenar de testigos y peritos en las vistas públicas que se celebrarán dentro del proceso de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). Los 16 magistrados de la Sala Especial acordaron aceptar la práctica totalidad de las pruebas propuestas por las acusaciones -Fiscalía y Abogacía del Estado- y las defensas, y fijaron entre el 16 y el 24 de junio próximos, en sesiones de mañana y tarde, los días para celebrar las vistas públicas.
Actualizado: GuardarSi las vistas orales culminan en ese plazo, el tribunal tendría tiempo para dictar sentencia en ambas causas a finales de julio, antes del paréntesis judicial que marcan las vacaciones de agosto, según las fuentes jurídicas. En cualquier caso, si los magistrados no logran acordar los fallos hasta poco antes de las vacaciones, el texto de las sentencias de ilegalización no se notificaría hasta septiembre.
Según el modelo establecido en 2002 para ilegalizar Batasuna, concluidas las vistas orales el tribunal dará plazos sucesivos a acusaciones y defensas para que le entreguen los informes con sus conclusiones finales e iniciará la fase de deliberación del fallo, por un período máximo de 20 días. En el caso de Batasuna, la Sala Especial no necesitó más que cuatro días de deliberación para alcanzar un fallo unánime.
Mañana y tarde
La Sala Especial notificará el lunes a las partes el auto en el que detallará el calendario de sesiones y los testigos y peritos que declararán. El tribunal tomará declaración a 47 testigos propuestos por PCTV, a 15 elegidos por ANV, y a casi 50 designados por la Fiscalía y la Abogacía. Las vistas comenzarán el 16 de junio en el proceso contra ANV y el 17 por la mañana en la causa contra el PCTV. La prueba se practicará en paralelo, con la causa de ANV en las sesiones de mañana y la del PCTV en las de la tarde.
Los testigos de las acusaciones son los policías y guardias civiles que investigaron la actividad de ambos partidos y participaron en los registros de sus sedes, así como los encargados de elaborar los informes de «inteligencia». Sus testimonios tratarán de demostrar la tesis, contenida en sus atestados e informes, de que las formaciones bajo sospecha fueron «abducidas» a partir de 2005 por la ilegalizada Batasuna y pusieron sus representantes institucionales y sus bienes al servicio de la pervivencia del «frente político» de ETA.
