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Revisión de la Ley de Libertad Religiosa

Muchos nos preguntamos si de verdad el Gobierno será capaz de afrontar las relaciones con la Iglesia de un modo muy distinto a como se viene haciendo hasta ahora. La actual relación, se basa en los acuerdos preconstitucionales Iglesia-Estado del año 79 que venían a sustituir al Concordato del año 53. Estos acuerdos son más propios de la época del nacional catolicismo que de los nuevos tiempos democráticos que vivimos en España. Lo que se debiera plantear es una revisión de esos acuerdos, de modo que se eliminen privilegios, se respeten los derechos constitucionales y se ofrezca una relación más justa e igualitaria a otras religiones.

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Sería deseable que la Iglesia se esforzara por renunciar a métodos de financiación que no sean los suyos propios. Que comprenda que la enseñanza del Evangelio y de los principios morales debe impartirla a aquellos que son sus fieles, en sus propios espacios y sin buscar apoyos en estructuras de enseñanza que son para todos los ciudadanos y donde hoy coexisten todo tipo de religiones. Otra cosa diferente es que en los centros públicos se imparta la Historia de las Religiones, pero nunca un adoctrinamiento religioso por parte de las diferentes iglesias.

Es la propia Iglesia la que debe esforzarse por conseguir que los que creen, practiquen. Así evitarían los problemas de unas iglesias vacías o con personas muy mayores, de la falta de vocaciones y de unos cultos aburridos, monótonos, que no dicen nada a nadie y que alejan a la juventud y a los trabajadores. Que se esfuerce en conseguir que las normas morales vayan dirigidas a los que son creyentes, no a toda la sociedad. Que sean los fieles los que colaboren económicamente en el mantenimiento de la Iglesia, no todos los ciudadanosQue procuren que los sacerdotes y religiosos puedan compartir su misión pastoral con un trabajo civil para evitar gastos. Y desde luego, sería deseable que fuera la propia Iglesia quien intentara conseguir que las ceremonias civiles, no estén llenas de símbolos religiosos como la Biblia y el crucifijo o que los responsables públicos tengan que participar en ceremonias religiosas simplemente para cumplir un protocolo, ya desfasado.

Sería deseable que Iglesia y Estado, en el marco de unos nuevos acuerdos, escenificaran e hicieran visible esa separación en el marco de la aconfesionalidad que nuestra Constitución proclama. La Iglesia desde luego podría sentirse mucho más libre y también sería más creíble para los ciudadanos.