De la Vega asegura que sólo se reformará la financiación autonómica si hay consenso

Tras la reunión del Consejo de Ministros, presidida hoy por el Rey en un encuentro de hora y media en la Zarzuela en el que los titulares de las distintas carteras han informado a Don Juan Carlos de los principales asuntos de sus ministerios, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Ejecutivo tiene "toda la intención" de reformar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA), pero ha puntualizado que sólo lo hará "si hay un consenso básico inicial".

"Estoy segura de que lo va a haber", ha subrayado. En cualquier caso, De la Vega ha pedido que no se anticipen los debates y ha señalado que "es evidente que hay que sentarse a hablar" para "equilibrar intereses que a veces no son coincidentes".

De la Vega se ha referido asimismo a la polémica reforma de la ley orgánica de libertad religiosa, de la que ha destacado que tiene como objetivo "amparar y cobijar a todos" y garantizar la libertad de conciencia, sin "ir contra nadie" y menos contra "la Conferencia Episcopal". La vicepresidenta ha recordado que la ley se aprobó en 1980, por lo que debe ajustarse a una sociedad más plural y diversa, y ha insistido en que "hay que proteger las creencias de todos, también las creencias de los que no creen".

Éste es el primer Consejo que preside el Rey desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue investido presidente, con un formato similar a la reunión que encabezó al inicio de la pasada legislatura, el 30 de abril de 2004. A la derecha del Rey Juan Carlos se han sentado Zapatero y De la Vega, y, a su izquierda, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.

Estrategia contra la crisis alimentaria mundial

Ante la crisis alimentaria mundial, De la Vega se ha referido al informe remitido por el Ministerio de Exteriores en el que se estima que "82 países en desarrollo" presentan un "déficit" alimentario. El documento apunta a que el alza de precios se debe a una compleja combinación de causas entre las que identifica la especulación con los productos alimentarios, las restricciones a la exportación, el desequilibrio entre la oferta y la demanda, la subida del precio del petróleo y la disminución del apoyo a la agricultura.

Para paliar sus efectos, la vicepresidenta ha anunciado la puesta en marcha de una estrategia internacional concertada y ha anunciado que España ha destinado más de cincuenta millones de euros a programas de las Naciones Unidas para paliar los efectos de la carestía alimentaria mundial, como el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo dirigida a la seguridad alimentaria, especialmente la dirigida al continente africano.

Preocupación por el "atasco" en Justicia

De la Vega ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para lograr un acuerdo que sirva para renovar el CGPJ, que lleva más de un año en funciones, ante la circunstancia de que el Poder Judicial "hoy no tiene gobierno" y ha reconocido la "preocupación y ocupación" del Ejecutivo respecto a la situación de atasco que sufre la Administración de Justicia.

Según Fernández de la Vega, el Gobierno, que ya está trabajando con las fuerzas políticas, ha puesto encima de la mesa los medios para conseguir ese acuerdo que sería "la mejor noticia que se podría dar a los ciudadanos".

En cuanto a los problemas de lentitud de la Justicia, la vicepresidenta ha manifestado que el Gobierno esta preocupado y ocupado desde hace cuatro años en mejorar la situación, y ha recordado la creación durante la pasada legislatura de mil plazas de jueces y fiscales, "más del doble de las que se crearon durante los ocho años anteriores". Ha señalado asímismo la reforma emprendida para modernizar la Oficina Judicial para conseguir una respuesta rápida y eficaz de la Justicia.

Ampliación de la retención de los 'ilegales'

La nueva Comisión Delegada para la Inmigración, que se constituirá dentro de unos días, estudiará la eventual ampliación del plazo de retención de inmigrantes ilegales antes de proceder a su repatriación, según ha anunciado hoy el Ejecutivo. Según la vicepresidenta, los 40 días actuales previstos por la legislación española pueden resultar, quizás en determinados supuestos, "escasos" para llevar a cabo los trámites necesarios para la repatriación, que son procesos "muy complejos".

De la Vega ha recordado que el español es uno de los plazos más cortos y en otros países son más largos e incluso indefinidos y ha reiterado que la inmigración ha de ser "legal y ordenada", más aún en un país como España, que tiene garantías legales para los inmigrantes irregulares y que lucha con "todos los medios" contra la entrada irregular. El pasado 7 de mayo, el Parlamento Europeo no logró cerrar un acuerdo sobre una legislación común para la repatriación de los inmigrantes irregulares por las fuertes diferencias internas.

Cooperación judicial internacional

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha aprobado un Proyecto de Ley que permitirá el reconocimiento mutuo automático de las sanciones pecuniarias impuestas por infracciones penales dictadas por los jueces de cualquier Estado miembro de la UE, dentro de las actuaciones dirigidas a la creación del espacio de libertad y seguridad en territorio comunitario que pretende promover la cooperación judicial internacional.

Por otra parte, esta norma europea permite su aplicación en algunos supuestos de sanciones pecuniarias dentro del ámbito administrativo, entre las que destacan las infracciones de normas de tráfico, así como transporte de mercancías peligrosas. El Proyecto se acompaña además de otro Proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para reconocer las competencias que se van a atribuir a los jueces de lo penal y coordinarlas con las que ya cumple la Audiencia Nacional.