Romper la Mancomunidad

El Foro Municipal Costero es un órgano de encuentro entre la Demarcación de Costas y los municipios del litoral gaditano para conocer la opinión de éstos en la planificación y gestión de las playas. No decide nada porque eso es competencia exclusiva del Estado, que es quien «regula la utilización racional de los bienes de dominio público marítimo-terrestre», según la Ley de Costas, que específicamente incluye ahí a todas las playas. Los Ayuntamientos populares protestan porque no les dejan decidir sobre algo en lo que no pueden decidir. Y, para eso, reclaman entrar en otro órgano que tampoco puede decidir, el Consejo Provincial de Playas, que es «consultivo y de asesoramiento». Ahí, junto al Estado (Costas), y con esa exclusiva función, están representantes de la Junta (Turismo y Medio Ambiente) y de la Administración Local, a través del Patronato de Turismo de Diputación y de las Mancomunidades. Los Ayuntamientos populares dicen que no se sienten representados por éstas últimas «porque están en manos socialistas», como si la legitimidad de las instituciones dependiera sólo de que gobiernen los propios. En declaraciones del Jefe de la Demarcación de Costas a LA VOZ, en diciembre de 2006, ya decía que ese Consejo no pisaría las funciones de los Ayuntamientos, que seguirían elaborando los planes especiales para preservar la costa, mientras el Consejo se limitaría a informar y asesorar sobre esos planes a la Demarcación, que es quien debe finalmente aprobarlos. No es cierto que el Consejo apruebe nada, pues sigue siendo competencia estatal. Así que salir de un órgano consultivo para exigir entrar en otro tan consultivo como el que se abandona, no deja de ser una escenificación hueca que debe buscar algo distinto a lo que dice.

Eso nos lleva al problema de fondo: la propia existencia de la Mancomunidad, cuestionada en su legitimidad y representatividad. Creada en 1990 y ampliada a Jerez y Rota en 1997, sus primeros Estatutos, de 1996, fueron modificados en noviembre de 2005. En ambos se dice, claramente, que «el alto gobierno y la alta dirección de la Mancomunidad» corresponde a la Junta General, órgano formado por todos los alcaldes y siete concejales de cada municipio, respetando la proporcionalidad existente entre los grupos políticos. Eso presupone, como en cualquier órgano democrático, mayorías políticas que cambian con los resultados de las elecciones municipales. Si hoy existe una mayoría socialista es porque este partido obtuvo en los municipios mancomunados casi ocho mil votos más que los populares. En los Estatutos en vigor, se crea la Junta de Gobierno, donde están el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario y todos los alcaldes, con unas funciones importantes pero delimitadas. También son muy claros cuando dicen que el Presidente se elige, «de entre sus miembros», por la Junta General. Cualquiera de ellos. Esos Estatutos fueron aprobados en Pleno por todos los municipios, incluidos los que ahora dicen no sentirse representados. Decir ahora que la institución les quita competencias, que deben tener más poder los alcaldes o que debe ser uno de ellos quien presida la institución supone, sencillamente, cambiar las reglas que ellos mismos se han dado, porque no se olvide que una Mancomunidad es una asociación voluntaria de municipios y que no tiene más competencias que las que los mismos Ayuntamientos les hayan cedido. Solicitar estos cambios podría ser legítimo si se utilizan los mecanismos de modificación de Estatutos previstos en los mismos: acuerdo de la Junta General ratificado por mayoría absoluta de todos y cada uno de los Ayuntamientos. Parece más fácil abandonar la Mancomunidad, para lo que basta la mayoría absoluta de ese Ayuntamiento, aunque eso deje sin sus servicios a miles de ciudadanos. O querer imponer esos cambios con la amenaza. De miedo.