Recursos públicos en manos de narcotraficantes

El titular de esta información es duro y puede inducir a pensar que existe una connivencia tácita entre las administraciones y los traficantes para acceder a una serie de prestaciones sociales como parados oficiales que son; aunque su verdadera actividad económica no se declare simplemente porque es ilegal.

Pero lo cierto es que la inacción ha hecho posible que se utilicen reiteradamente viviendas de titularidad pública como puntos de venta de droga o que ayudas económicas como el salario social que deben percibir personas en riesgo de exclusión se invierta en la compra de estupefacientes para su posterior venta a terceros.

En la capital gaditana, la Policía Nacional lo ha puesto en conocimiento de las administraciones competentes, de la Justicia, pero no ha habido respuesta en forma de hechos.

Los casos de traficantes que explotan su vivienda como punto de venta de droga se acumulan. "Con recursos públicos, de manera indirecta, se están sosteniendo actividades ilícitas", señalan desde el grupo UDYCO de la Comisaría Provincial, que trabaja en atajar el tráfico de drogas al por menor, "el que verdaderamente importa e incordia al vecino porque se produce en la puerta de sus casas".

Los casos que ponen encima de la mesa estos funcionarios no son los de vecinos que por la crisis se han visto abocados a buscar una salida en el mundo de las drogas. Se trata de traficantes que han hecho del menudeo su sistema de vida, y que cuentan con la ayuda indirecta de recursos públicos.

Desde la Fiscalía confirman que nunca se ha incluido la retirada de la vivienda social en una acusación por un delito contra la salud pública. El principal escollo para tomar esa decisión, señalan fuentes judiciales, está en la titularidad del contrato que habilita a ese traficante a ocupar esa vivienda pública. Muchas veces el titular es su pareja sentimental, un padre, un abuelo… la línea llega a perderse con el paso de los años en las viviendas más antiguas.

La situación se torna esperpéntica y difícil de explicar (salvo por la desidia a la hora de tomar decisiones) cuando las viviendas sociales son alquiladas a traficantes que las usan como punto de venta de droga. A pesar de que este tipo de operaciones inmobiliarias no están permitidas por tratarse de bienes públicos, en la Comisaría de El Puerto las conocen de sobra cuando se toca el caso de José Antonio.

El ejemplo de José Antonio

En esta barriada, los pisos han sido transformados en búnkeres donde se despachan los estupefacientes desde ventanas. En 2008, en el inicio de la crisis, la Policía cifraba el precio del metro cuadrado en esa barriada como uno de los más caros del municipio portuense; a pesar de ser una zona muy deteriorada. Los narcos llegaban a pagar hasta 3.000 euros por el alquiler de pisos que en su día se construyeron para facilitar el acceso a la vivienda de vecinos con recursos económicos limitados.

Uno de los últimos ejemplos de cómo los recursos públicos acaban ayudando en el día a día a traficantes lo vivieron recientemente los integrantes del grupo de pequeño tráfico de la UDYCO de Cádiz. Desde Canarias les pidieron colaboración porque buscaban a un miembro de una red que llevaban tiempo investigando. Se trata de un nigeriano, afincado en Cádiz, que servía de intermediario. Cuando registraron su piso se encontraron con "un bote lleno de recibos".

"Así supimos que la pareja estaba recibiendo ayudas del Ayuntamiento para los gastos ordinarios domésticos". Pero el detenido, sostiene la Policía, no era ninguna persona afectada por una crisis que le había dejado en riesgo de exclusión social, "es un traficante, que vive de ello".

Compras a partir del día 10

A partir del día 10, los beneficiarios de prestaciones sociales suelen recibir en sus cuentas corrientes los ingresos correspondientes. Y es también cuando más movimiento detectan los agentes que vigilan los trapicheos de droga de camellos que salen de la ciudad para abastecerse en puntos como Sanlúcar. "Disponen de efectivo para poder comprar droga, que venden a terceros y con esos ingresos siguen comprando". El perfil que dibuja un inspector de la UDYCO es el más extremo, el de los traficantes atrapados también por la adicción a la misma sustancia que ofertan.

Esta realidad no es tan residual si se tienen en cuenta los números que maneja el grupo de pequeño tráfico de la UDYCO solo en Cádiz. En dos años ha detenido a unas 180 personas por trapichear con drogas. Un trabajo ingrato que apenas se ve reflejado en los medios, que suelen dar prioridad a las grandes aprehensiones de droga.