El jefe de servicio de Sevilla también niega irregularidades

El exjefe de servicio de la Dirección General de Formación de Sevilla entre noviembre de 2011 y julio 2015, Daniel Fito García, ha negado este martes que su departamento no haya colaborado con la intervención provincial en la remisión de los expedientes de las subvenciones de los cursos de formación para la elaboración del informe especial.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación del Parlamento, Daniel Fito ha dicho no estar conforme con todos los aspectos planteados por la interventora de la Junta en Sevilla, Victoria López Gutiérrez, en su informe, sobre el que «denegó opinión» explicando que la muestra de expedientes les llegó «incompleta» con fotocopias «ilegibles y desordenadas».

Daniel Fito García ha rechazado este extremo y ha defendido que a pesar de la dificultad que les supuso no les permitieran remitir los expedientes originales, sino que debían ser copias compulsadas y simples -lo que solo ocurría en el caso de Sevilla, según ha señalado.

El exjefe de servicio de Formación ha detallado que mantuvo discrepancias con Teodoro Montes, su subordinado y testigo protegido por la juez Mercedes Alaya en la instrucción judicial de este caso. Daniel Fito ha dicho que Montes generó «de forma artificial» un listado de alumnos que ampliaba el plazo para reclamar, y que «una de estos alumnos estuvo varias veces en el despacho de Teodoro Montes y fue él quien le ayudó a preparar las alegaciones para que pudiera ser admitida».

Asimismo, ha revelado que tuvo una reunión con sus superiores en la que le explicaron qué tipo de tareas tenían que llevar a cabo el personal de la Faffe, que «colaboraban en cuestiones técnicas» y tenían acceso a los documentos, pero no ostentaban «potestades administrativas que están reservadas a los funcionarios».

Asimismo, Daniel Fito, que está imputado judicialmente en este caso, ha defendido que su actuaciones al frente de este servicio «han estado sujetas plenamente a la ley, al derecho y a los principios de buena administración, así como con respeto a los derechos de la Hacienda pública de la Junta».