Cuatro juzgados han acorralado a todo el clan Pujol Ferrusola

El clan Pujol Ferrusola está imputado al completo en cuatro juzgados: padre, madre, cinco hijos varones (Jordi, Josep, Oriol, Pere y Oleguer) y dos mujeres (Marta y Mireia).

La primera investigación judicial sobre un miembro del clan, al margen de caso Banca Catalana, archivado en 1996, es el sumario que investiga los negocios del primógenito de Jordi Pujol y Marta Ferrusola. Las comisiones rogatorias llegadas al Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, principalmente la de Andorra, han impulsado la investigación.

«Junior» movió a través de sus empresas 32,4 millones de euros en ocho años, entre 2004 y 2012. Lo hizo mediante 118 transacciones entre España y otros trece países, incluidos varios paraísos fiscales: Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón.

Por otro lado, hay una decena de empresarios imputados por el pago de supuestas asesorías al primogénito de Pujol. Entre 2004 y 2012, Jordi Pujol Ferrusola ingresó por esta vía más de diez millones de euros. La causa contra el primogénito nació en 2012 con la comparecencia de su expareja, Victoria Álvarez, relatando viajes a Andorra con fajos de billetes de 500 euros

Por otro lado, en julio de 2014 se supo que Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos –Mireia, Marta, Pere y Oleguer–, acumulaban en cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA) cuatro millones de euros. La parte de los tres hermanos restantes –Jordi, Josep y Oriol– ya no estaba. Dado que el mayor del clan no tenía dinero en Andorra cuando la Policía Nacional descubrió las cuentas de la BPA, no está imputado en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona. La titular del juzgado sí imputó y tomó declaración a la matriarca y a Marta, Mireia, Pere y Oleguer Pujol Ferrusola. Los cinco intentaron frenar la vía penal prsentando una declaración complementaria en Hacienda unos días antes de la confesión del expresidente catalán pero, de momento, no lo han logrado. El sumario sigue avanzando a la espera también de información de Andorra, aunque en este caso es más complicado ya que sólo se investiga delito fiscal. Las sanciones y/o condenas a las que se enfrentan les pueden suponer perder los cuatro millones que intentaron regularizar y hasta un máximo de otros cuatro en multas y recargos.

Los fondos de Oleguer

El benjamín, Oleguer, además de en este caso, está imputado en el Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales en la intermediación y compra de inmuebles a través del fondo en el que participaba, Drago Capital. El juez Santiago Pedraz lo citó a declarar como imputado el pasado 15 de julio, pero la defensa recurrió y la comparecencia se pospuso sine die. El pasado jueves, el magistrado abrió una pieza separada en esta causa e imputó al único Pujol Ferrusola que hasta entonces estaba libre de investigaciones judiciales, Josep. Está considerado el más inteligente y hábil de la familia. Regularizó dos millones de euros aprovechando la amnistía fiscal. Podrían ser los de la herencia de Andorra, pero una vez amnistiados, no se pueden perseguir. Vendió su consultora a Indra, donde sigue trabajando. Esta nueva pieza investiga tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil en unos pagos de un empresario a Josep, Jordi, Oleguer y Pere.

Por otra parte, el único hermano que siguió los pasos del padre, Oriol Pujol Ferrusola, tiró su carrera por la borda debido a su implicación en el caso de las ITV. Al perder su condición de aforado, tras dimitir como diputado en el Parlamento catalán, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña remitió el sumario a la justicia ordinaria, lo que dilató el proceso. Está acusado de cohecho y tráfico de influencias junto a su esposa, Anna Vidal, en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. Los pinchazos telefónicos demostraron que Oriol era el contacto político de la trama empresarial que traficaba con concesiones públicas de ITV. El líder, su amigo Sergi Alsina, pagaba facturas ficticias a la esposa del político hasta alcanzar medio millón de euros. Eran, presuntamente, comisiones encubiertas por los favores políticos del exsecretario general de Convergencia.