El bloqueo podría costar 230 millones por el retraso de 23 directivas europeas

El bloqueo político dura ya en España 29 semanas, o 207 días, o casi cinco mil horas. Hasta ahora, el país ha ido aguantando con falta de acuerdos, gracias, entre otras cosas, a que los Presupuestos de 2016 se aprobaron antes de las elecciones del 20 de diciembre. Pero la situación ha cambiado: urge empezar a tramitar las cuentas públicas, pero también aprobar los compromisos con la Unión Europea para que España no solo no se quede atrás, sino para que no sea sancionada por no cumplir con sus obligaciones. En junio, la Comisión Europea mantenía abiertos 86 procedimientos de infracción contra España, al no tener formado un Gobierno que pueda tomar las medidas correspondientes. El bloqueo podría costar hasta 230 millones de euros en multas por no transponer de forma urgente 23 directivas europeas.

Según un informe de Exteriores al que ha tenido ABC, 32 de esos 86 procedimientos corresponden a supuestos de incumplimiento del deber de comunicación en plazo de normas de transposición de directivas y recaen dentro de la competencia de la Administración General del Estado. Los 54 procedimientos restantes se refieren a supuestos de incorrecta aplicación del Derecho de la UE y son competencia tanto de la Administración General como de la Autonómica.

Aprobación de leyes

Muchos casos son transposiciones que requieren aprobar reales decretos ley o proyectos de ley, pero se han excedido todos los plazos, ya que el Gobierno en funciones no puede remitir un proyecto de esas características al Congreso para su aprobación.

Una cuarta parte de los procedimientos de infracción se deben a la no transposición urgente de directivas europeas. Según el informe de Exteriores, España presenta en este momento un retraso en la transposición de 23 directivas pendientes en riesgo de multa. De esas 23, 18 requieren al menos de una norma con rango de ley para su transposición.

Moncloa advierte de que resulta «urgente retomar a la mayor brevedad la tramitación de estas normas, porque el incumplimiento de las obligaciones puede tener repercusiones económicas graves para un Estado miembro». En 2008, el Tribunal de Justicia condenó a Francia a una multa de 10 millones de euros por falta de transposición de una directiva. Las 23 directivas que tiene pendientes en España podrían traducirse, como máximo, en 230 millones, aunque fuentes del Gobierno precisan que esperan que la cantidad se reduzca y «pelearán» al máximo para conseguirlo.

Ejecutar sentencias

Además de las directivas que deben asumirse de forma urgente, existen otros procedimientos que exigen leyes para evitar sanciones de la UE, como ocurre con la ejecución de sentencias. Por ejemplo, hay un expediente abierto al Ministerio de Fomento por inejecución de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre «estibadores», que puede ocasionar una multa de 27.522 euros al día.

El Ministerio de Hacienda tiene abiertos seis expedientes que exigen modificaciones de leyes fiscales, en asuntos como el IVA aplicable a los «cofre regalo», el tipo mínimo aplicable al impuesto especial de labores de tabaco o la obligación de declarar ciertos activos situados fuera de España.

El Ministerio del Interior tiene dos expedientes, uno sobre la aplicación de «retorno», y otro sobre el reglamento de comercialización de explosivos. El Ministerio de Justicia también está pendiente de dos expedientes, el primero sobre las condiciones de ejercicio de la profesión de procurador, y otro sobre la compatibilidad de la legislación procesal española con las cláusulas abusivas.

El Ministerio de Industria tiene varios expedientes de responsabilidad, uno por la incorrecta transposición de las directivas del «tercer paquete energético». La Comisión considera que se han trasladado al Derecho interno de forma incorrecta varios artículos de las directivas europeas, en concreto en las leyes del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos.

En muchos de estos casos, la Comisión Europea ha solicitado un calendario de ejecución al Gobierno, y este ha explicado las condiciones políticas que se están produciendo en España. En alguno de los procedimientos, la Comisión ha dado una prórroga hasta finales de agosto.

El bloqueo político afecta así de manera directa a la relación de España con la Unión Europea, y la multa podría ser considerable si no se resuelve la situación y se forma un Gobierno. Fuentes de Moncloa subrayan que si el PSOE se empeña en mantener la parálisis política en España, eso sería auténtico «veneno» para la economía del país. «Podemos perder inversiones y los mercados darnos la espalda. La incertidumbre es especialmente dañina», advierten.

Techo y Presupuestos

Si el PSOE se enroca en su «no» a Rajoy en la investidura, las consecuencias no se quedarían en la política europea. Con un Gobierno en funciones resulta imposible aprobar el techo de gasto de todas las administraciones públicas, del que dependen las cuentas de las Comunidades, entre otras cosas. Pero tampoco sería posible empezar a tramitar los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno debe presentar en el Congreso de los Diputados antes de octubre (como dice la Constitución). La imposibilidad de tramitar las cuentas de 2017 llevaría a una eventual prórroga de los Presupuestos actuales, con lo que eso supone de freno para el empleo o el crecimiento. En cuanto se forme Gobierno, este deberá aprobar un cuadro macroeconómico que fije los objetivos y los compromisos para los próximos años.

Junto a todo ello, otros muchos asuntos exigen un Gobierno plenamente activo, como la política de refugiados, los riesgos del yihadismo y la respuesta ante el Brexit.