La patronal de la estiba rechaza la propuesta de los sindicatos por considerarla ilegal

El conflicto de la estiba se mantiene sin visos de resolución. Este viernes la patronal del sector, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), ha concluido su asamblea sin siquiera votar la propuesta de los sindicatos por considerarla ilegal. La asociación ha explicado que un informe del despacho de abogados Garrigues advierte de que suscribir el plan presentado por los trabajadores sería ilegal. No solo violaría las leyes de competencia, sino también el real decreto de reforma del sector aprobado en mayo.

La patronal cuestiona en primer lugar la propuesta de los sindicatos de ceder la selección de trabajadores a las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep) y los Centros Portuarios de Empleo (CPE).

La patronal considera que de esta forma se mantendría que el control del empleo por parte de los trabajadores, una condición que precisamente fue modificada por el real decreto que liberalizó el sector para cumplir las peticiones de Europa.

Tampoco estaría permitido, según Anesco, la petición de crear un comité de coordinación entre Sagep, CPE, y empresas para la regulación de las actividades formativas, prácticas, traslado, subrogación, de ingresos y contratación. 

Los sindicatos ofrecían a cambio de lograr estos acuerdos una rebaja salarial del 5% automática para las empresas que formaran parte de las Sagep. La patronal considera que este ofrecimiento también sería ilegal en el caso de llevarse a cabo, ya que supondría una «discriminación» para distintas compañías.

Las sanciones por suscribir estas condiciones, según Anesco, supondrían multas de hasta el 10% de la facturación de cada empresa interviniente y de hasta 60.000 euros a las personas directamente implicadas.

La posición de la organización supone que las huelgas de los estibadores, por el momento, se mantienen. Anesco ha asegurado que el martes que viene enviará una contraoferta a los sindicatos para solucionar el conflicto de una vez por todas. Además, ha realizado «un llamamiento a la responsabilidad de las organizaciones sindicales para que desconvoquen las huelgas programadas y permitan un marco razonable de diálogo».

Las protestas de estos trabajadores están provocando pérdidas millonarias en el sector. Este jueves, el Ministerio de Fomento cifró en 110 millones de euros el coste de las dos últimas jornadas de protestas, una huelga de 48 horas transcurrida desde la mañana del miércoles a la de este viernes. A ello se suman los 36 millones de euros que costaron los paros parciales realizados por los sindicatos la semana pasada.

Este jueves los sindicatos convocaron nuevos paros para la última semana de junio y la primera de julio, que se unen a los que se producirán el lunes, el miércoles y el viernes de la semana que viene. Los trabajadores pretendían de esta forma presionar a la patronal, pero la medida no ha tenido finalmente el efecto deseado.