El IVA de Volkswagen tensiona la relación entre Navarra y Madrid

Históricamente Navarra ha sido una de las comunidades españolas con la economía más saneada, incluso en estos años de crisis. Una tasa del paro del 14,9% según la EPA del tercer trimestre, un crecimiento interanual del PIB del 1,8% y la tercera renta per cápita después del País Vasco y Madrid.

Sin embargo, esta situación puede dar un giro de 180 grados si no llegan a buen término las negociaciones que están desarrollando los gobiernos de Navarra y del Estado en las últimas semanas. En estos momentos se está negociando el Convenio Económico navarro que marcará la economía de la Comunidad foral para los próximos cinco años. El Convenio Económico marca los parámetros que se acuerdan para establecer la cantidad de dinero que Navarra da anualmente a las arcas del Estado.

El Convenio se basa en dos pilares. Por un lado el pago de la aportación, que es lo que se paga por las cargas no asumidas: Casa Real, política exterior, Defensa. La proporción de esos gastos comunes que corresponde pagar a Navarra se calcula aplicando el llamado «índice de imputación», establecido en el 1,6%, cifra que alcanza la renta relativa o participación de la Comunidad foral en la riqueza nacional. Por otro lado, Navarra recauda sus propios impuestos directos e indirectos. Pero los indirectos tienen un ajuste en IVA y en los impuestos especiales. Ese ajuste se basa en una fórmula compleja que mide dos variables, el consumo y la capacidad de gestión.

Quizá sea por la situación económica o porque ha tocado así en el tiempo coincidiendo con esta negociación han surgido dos problemas que puede suponer un enorme varapalo para la economía navarra.

El Estado amenaza con presentar un recurso ante el Tribunal Supremo por el que se pide a Navarra el IVA procedente de la venta de los coches que Volkswagen fabrica en su factoría de Pamplona entre los años 2007 y 2011. La petición inicial sería de 1.513 millones de euros, una cantidad que supone más del 40% del presupuesto anual de la Comunidad foral. Tener que afrontar este pago supondría la quiebra más absoluta de la Hacienda navarra.

Tras duras conversaciones y tensión entre los dos gobiernos en los que la propia presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, aseguró que «las relaciones con el Gobierno central no pasan por su mejor momento», el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ordenó la «suspensión» del recurso para poder negociar con Navarra. Pero suspenderlo no significa retirarlo, por lo que la espada de Damocles sigue ahí.

Intromisión

Para más inri, hace poco se conoció la carta que envió el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, al ministro en la que le pedía firmeza en el cobro a Navarra de los 1.500 millones de euros y que reparta este dinero entre las comunidades. El jueves, el portavoz del Gobierno madrileño, Salvador Victoria, insistió en que su obligación es defender los derechos e intereses de los madrileños en temas de financiación, «le guste o no a algunas personas u organizaciones», y más teniendo en cuenta que Madrid es la región que más aporta al fondo de solidaridad. Desde Navarra se ha pedido a Madrid que no interfiera ya que «se trata de una negociación que corresponde únicamente a la Comunidad de Navarra y al Estado».