De privilegiados a estafados

Puede que fueran unos parados privilegiados. Así les llamaron y, es cierto, se encontraron con un convenio que otros muchos desempleados (por desgracia, miles en esta provincia) no disfrutan. El responsable es la institución que les ofreció ese acuerdo, en este caso la Junta de Andalucía, por intereses electorales. A la Administración autonómica no le interesaba otro escandaloso cierre de otra factoría en vísperas de una campaña electoral. Así que prometió jubilaciones, prejubilaciones, cursos remunerados, recolocaciones y lo que fuera preciso. Con algunos de aquellos dos millares de afectados, cumplió, pero algo más de 500 siguen aún, siete años después, esperando que la Junta de Andalucía cumpla lo que prometió, lo que firmó por escrito sin que nadie le pusiera a sus dirigentes una pistola en el pecho (una amenaza de pérdida de votos, como mucho). Pero a la vuelta de un lustro y medio, resulta que todo aquel proceso está bajo sospecha. La propia administración que firmó aquel acuerdo y, teóricamente, supervisó el reciclaje de aquellos parados admite que los cursos que recibió están en cuestión, que habrá que analizarlos «uno a uno». Lo cuenta con distancia, como si el control de esa formación, como si la responsabilidad máxima, no fuera cosa suya de principio a fin, de cabo a rabo. Los afectados, como siempre, son los ciudadanos, los parados, los despedidos de entonces que han pasado de ser tachados como privilegiados a verse presos de una presunta estafa cometida por negligencias e intereses ajenos.