Anticorrupción pide 8,8 millones de fianza para dos exaltos cargos de Empleo

La jueza Mercedes Alaya reanudó ayer los interrogatorios a los altos cargos imputados el pasado junio, en la larga lista que encabezaba la exministra Magadalena Álvarez, e imputó a dos de ellos, ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo, para los que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado fianzas de responsabilidad civil que suman un total de 8,8 millones de euros. Los altos cargos están acusados por la magistrada en relación con la llamada «trama política», el supuesto establecimiento de un sistema, de transferencias de financiación para conceder las ayudas sociolaborales de manera arbitraria, sin control de la Intervención General.

De este modo, ante la jueza Mercedes Alaya comparecieron a lo largo de la jornada Javier Aguado, secretario general de Empleo entre los años 2004 y 2008, y Lourdes Medina, que le sustituyó en el cargo, ocupándolo hasta el año 2012, y cuya declaración se ha alargado hasta cerca de las 20,00 horas.

El primero en comparecer ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha sido Javier Aguado, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez instructora le haya imputado dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Después, Alaya imputó a Lourdes Medina tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos. Lourdes Medina, quien sí ha declarado, dijo que desconocía que las subvenciones las otorgaba empleo y según la agencia Europa Press, mantuvo un tenso debate con la jueza, quien le increpó ante su actitud: «¿Cómo se entiende lo que me está diciendo?».

Fuentes del caso destacaron que Alaya pidió ayer disculpas hasta en dos ocasiones a los letrados presentes en las declaraciones por el retraso de casi dos horas con el que se ha iniciado la comparecencia de Aguado. «Señores letrados, disculpen el retraso», dijo la magistrada.