El PP pide a la jueza que la delegada de Economía aclare su papel en 'Bahía Competitiva'

El Partido Popular no quiere que se duerma el 'caso Bahía Competitiva'. Los populares saben que es el asunto judicial que compromete más la gestión socialista en un tema tan delicado como las ayudas públicas para la reindustrialización en una tierra con su tejido industrial hecho añicos y una sed crónica de empleo. En el centro de la investigación, la Diputación de Cádiz y la agencia pública Idea. El caso arrastra a una treintena de imputados y en las próximas fechas esa lista puede ampliarse.

La parlamentaria popular Ana Mestre anunciaba ayer que su partido, personado en la causa, va a solicitar a la jueza que cite a la delegada territorial de Economía, Angelines Ortiz, para que aclare cuál fue su papel en la tramitación de las ayudas que recibió un grupo de empresas cuyas iniciativas sólo fueron una tapadera para obtener cuantiosas partidas millonarias que acabaron en paraísos fiscales, según la investigación policial.

La petición de los populares se basa en la ausencia que protagonizó la ahora delegada a la comisión evaluadora en la que se baremaban los candidatos para obtener subvenciones y sacar adelante sus proyectos empresariales.

Esa comisión tripartita estaba compuesta por técnicos del IEDT, dependiente de la Diputación; de la agencia Idea, empresa pública vinculada a la Consejería de Economía y de la oficina Bahía Competitiva, la sociedad que la Junta creó para atraer inversores a la provincia de Cádiz. Al frente de ella situaron a Antonio Perales, hermano del histórico dirigente socialista Alfonso Perales.

Ortiz participó entre 2009 y 2011 -periodo investigado- como vocal en dicha comisión y los populares quieren que la delegada aclare por qué no acudió a la reunión de 2011, cuando los técnicos presuntamente estaban alertando de la alta concentración de ayudas que estaban recibiendo dos empresarios, detenidos en la operación policial. Ana Mestre sostiene que esa ausencia «no fue casual» ya que defiende que la Junta «estaba al corriente» de lo que estaba ocurriendo.

En este proceso judicial, todos los miembros de esa comisión mixta ya constan como imputados. Es el caso de los técnicos que representaban al IEDT o la responsable de la oficina Bahía Competitiva, Rosa Rodríguez Cano.

La agencia Europa Press, citando a fuentes de la Junta, ofrecía la respuesta de la Administración, la cual asegura que la delegada no acudió a esa comisión debido a «motivos personales» por que la reunión coincidió «con el fallecimiento de su padre».

En la diligencia que van a solicitar a la jueza Lourdes del Río también se incluye el nombre del exdelegado de Agricultura, Juan Antonio Blanco. Esa petición ya fue anunciada por la parlamentaria el mes pasado. El nombre de Blanco aparece en una conversación telefónica grabada por la Policía en la que una de las imputadas lo señala como la persona que viajó con Antonio Perales a Galicia y entabló contacto con el presunto cabecilla de la trama, Manuel Alejandro Dávila Ouviña.