Pro Derechos Humanos apunta un descenso en la prostitución callejera

Menos de la mitad. En un año y medio, la prostitución callejera ha descendido de forma considerable. Los motivos, la consabida crisis económica. Y la ordenanza municipal de convivencia, que sanciona con multas de hasta tres mil euros la práctica de sexo en la vía pública. Las chicas siguen apostándose en el entorno del Cuvillo, en Valdelagrana durante el día y la noche. Un momento que también aprovechan para dejarse ver en una calle, frente a la estación de Renfe.

Fuentes de la asociación Pro Derechos Humanos aseguran que la normativa implantada por el Ayuntamiento, que entró en vigor el pasado mes de mayo, ha sido un factor disuasorio tanto para las mujeres como para sus clientes. Pese a que la Concejalía de Policía Local solo ha abierto, de momento, dos expedientes a personas que han sido sorprendidas 'in fraganti', la advertencia ha sido suficiente para que tanto ellas, como los hombres, que también serían sancionados, no deseen exponerse más. Según el colectivo, que trabaja con las prostitutas en un programa de mediación socio- sanitaria y jurídica, éstas han optado por marcharse a otras comunidades autónomas o bien por regresar a sus países de origen.

Integrantes de la asociación aseguran que de día no suele haber más de cuatro chicas en el Cuvillo, cuando hace dos años se podía contar una docena de distintas nacionalidades. Ahora, de noche, no hay más de tres. Y otras tres frente a Renfe. Esta versión contradice a la que hace varias semanas expusieron los vecinos de Valdelagrana, quienes se quejaron de un aumento de la actividad en la zona, con más chicas y más clientes con un continuo ir y venir de coches. El presidente de la asociación de vecinos, Francisco Olmedo, criticó la escasa presencia policial, teniendo en cuenta que la ordenanza municipal no tiene sentido si la Policía no vigila su cumplimiento. A este respecto, el concejal del ramo, Carlos Coronado, anunció la inminente puesta en marcha de una campaña específica para atajar el problema.

En esta coyuntura, desde la APDH lamentaron que los vecinos presenten un panorama que a su juicio nada tiene que ver con la realidad. Las chicas, fundamentalmente centroafricanas, rumanas, latinas y algunas españolas, están dejando de recibir a sus clientes habituales y, en cualquier caso, optan por marcharse a localidades con menos restricciones donde poder ganarse la vida y ayudar a sus familias.

Algunas, siempre que puedan demostrar que llevan más de tres años viviendo en El Puerto optan por regularizar su situación legal asesoradas por Pro Derechos Humanos. Así, obtienen su permiso de residencia y algunas comienzan a buscar otro trabajo, una tarea nada fácil para cualquier persona, y mucho menos para ellas.