El fiscal no denunciará la carga policial ocurrida en Filosofía y Letras

Carpetazo con alguna corrección al rector de la UCA, Eduardo González Mazo. La Fiscalía ha archivado el escrito remitido en enero por el máximo representante de la institución académica a raíz de una intervención policial en el interior de la facultad de Filosofía y Letras. Una actuación que se produjo después de que los activistas de Valcárcel Recuperado interrumpieran una charla que ofrecía el juez Fernando Grande-Marlaska, hoy presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los hechos se desencadenaron en un momento de mucha crispación por parte de los integrantes de ese colectivo que un día antes había sido desalojado del antiguo hospicio viñero. La carga policial se saldó con un detenido y cuatro heridos (tres de ellos agentes del Cuerpo Nacional). Si bien, portavoces de los okupas elevaron la cifra de lesionados por funcionarios policiales a seis.

El decreto del Ministerio Público, confirmando que no va a denunciar ante los juzgados los hechos relatados por el rector, fue fechado el pasado 27 de marzo. En él se hace constar que González Mazo no formuló denuncia alguna cuando acudió a la Fiscalía. «El escrito no se articula formalmente como una denuncia ni se contienen en él atribuciones de hechos que se califiquen como delictivos ni se atribuyen a personas determinadas». Algo que la Fiscalía entiende que no puede ser fruto de un error «al provenir el escrito de una institución como la Universidad de Cádiz, de la que no cabe suponer que haya carecido del necesario asesoramiento jurídico».

Por otro lado, el fiscal recuerda que existen ya unas diligencias abiertas en el juzgado de Instrucción nº 2 de Cádiz donde se investiga lo ocurrido en el interior de la facultad. Un caso que se abrió por la detención de uno de los activistas de Valcárcel Recuperado y que aún sigue instruyéndose.

Pese a esas premisas iniciales, el Ministerio Público sí ha analizado, tal y como solicitaba el rector, si la entrada de los policías en la sede académica sin su autorización pudo ser constitutiva de delito o no. Y es que el escrito remitido por Eduardo González Mazo invocaba a la Constitución española que reconoce la autonomía universitaria, la cual tiene una garantía institucional desarrollada bajo ley orgánica. «La garantía constitucional de la autonomía universitaria no permite la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dentro del recinto universitario, salvo autorización expresa de la autoridad universitaria o la existencia de un delito flagrante».

Mismo argumento

Éste es un extracto del escrito remitido por el rector y que incluye en su decreto el fiscal. Al igual que ya hiciera públicamente en varias ocasiones, González Mazo hacía constar al Ministerio Público que «la Universidad de Cádiz no solicitó presencia alguna de la policía en el centro ni tampoco consta inicialmente ningún supuesto de delito flagrante». Algo que ya recalcó hace escasos días cuando se conoció que el Ministerio del Interior avalaba la intervención policial al haber sido requerida por los organizadores del acto en el que participaba Grande-Marlaska.

El fiscal en su decreto tira de jurisprudencia para encuadrar el concepto de autonomía universitaria, que según el Tribunal Constitucional «tiene como justificación asegurar el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza y de investigación». Pero para el Ministerio Público, lo ocurrido en la facultad de Filosofía y Letras «está al margen» de la legislación que regula la libertad de cátedra o la autonomía universitaria. «El atestado relata una serie de conductas de reunión y manifestación, con alteración del orden público y riesgo para alguno de los intervinientes -en referencia a Grande-Marlaska, que acudió a la conferencia con su escolta como personaje público amenazado- que son ajenas de por si a la esencia del contenido constitucional supuestamente infringido». Le recuerda además al rector que no es la jurisdicción penal sino la rama contenciosa-administrativa, la que dirime sobre decisiones que acatan las administraciones públicas, a quien le correspondería valorar si hubo vulneración o no de esos principios constitucionales que protegen a la Universidad como espacio libre de pensamiento. Y le indica que de formular algún tipo de recurso, debería hacerlo ante los órganos de la jurisdicción competente en este caso. Para concluir que de las diligencias practicadas, la Fiscalía no ve en la intervención policial, sin autorización expresa del rector, delito alguno.