El socialista David de la Encina abandonó el salón de Plenos tras serle quitada la palabra. :: L. R.
EL PUERTO

El Gobierno carece de liquidez para un plan de pagos a las contratas

El Pleno monográfico sobre las concesionarias terminó en bronca tras considerar el socialista De la Encina que existe malversación de fondos

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El gobierno local no elaborará un calendario de pagos para las concesionarias de los servicios públicos. Las irregularidades con que éstas reciben las mensualidades afectan directamente al salario de los trabajadores, que casi ningún mes cobran en tiempo y forma. Esto ha provocado un clima de conflictividad laboral latente a diario en la puerta del Ayuntamiento. Ayer se celebró un pleno monográfico -que terminó en bronca- sobre este asunto a instancias de la oposición. El objetivo de PSOE, Izquierda Unida e Independientes Portuenses era arrancar el compromiso al gobierno de elaborar dicho calendario.

Pero la edil de Economía y Hacienda, Leocadia Benavente, explicó que las arcas municipales ni siquiera pueden afrontar la cuantía íntegra mensual de cada contrato. En virtud de dicho plan de pagos, según la popular, tendría que abonar mes a mes el importe total del canon más una parte para saldar poco a poco las distintas deudas acumuladas. «Lo que estamos haciendo es llegar a acuerdos con cada contrata para fijar una cantidad mínima necesaria para mantener los servicios. Porque no podemos pagar el cien por cien de cada factura». Solo los concejales de IP pudieron escuchar esta explicación ya que minutos antes sus compañeros de PSOE e IU abandonaron el salón de plenos en medio de un griterío en el que también tomaron parte los miembros de los comités de empresa de las contratas, que presenciaban la sesión.

Todo se desató a raíz de la intervención del edil socialista David de la Encina. «Ustedes sacan pecho de que son de los ayuntamientos que más pagan a las contratas y sin embargo eso no se refleja en los trabajadores. Han subido a los vecinos la tasa de la basura un 30,7% y se está recibiendo dinero. Si las concesionarias no pagan los salarios vayan a los juzgados y denúncienlos. Porque si no podrían estar rozando la malversación de fondos». Los concejales del PP mostraron su indignación por lo que consideraron una acusación directa y Benavente pidió a De La Encina que retirara sus palabras, a lo que este se negó y le instó a denunciarlo. Pero el alcalde, Enrique Moresco, terminó quitándole la palabra. Acto seguido los concejales de PSOE e IU se levantaron y se fueron en medio de los aplausos y los gritos de «dictador» que algunos empleados lanzaron en alusión a Moresco. Antes de salir de la sala, Pepa Conde (IU) se dirigió a él y le acusó de no respetar las normas de la democracia. «Si ha dicho algo grave denúncielo, pero no le quite la palabra a un representante del pueblo».

La sesión continuó con casi la mitad de los asientos vacíos. El punto único del orden del día -la elaboración del calendario de pago- fue rechazado con los votos de PP y PA. Los ediles independientes, que habían firmado con PSOE e IU la petición de pleno, dieron por buenas las explicaciones del equipo de Gobierno, pero paradójicamente votaron a favor. En su intervención final, el regidor dijo que la oposición «se alegra» de la situación que atraviesan los trabajadores. «No han planteado ninguna solución y sí han seguido insultando. Me ha sido muy difícil mantener el orden, pero no puedo permitir acusaciones de esa gravedad». El primer edil añadió que PSOE e IU están «intrigando» para provocar una huelga general de todas las contratas la semana que viene.

Antes del rifirrafe Benavente enumeró los importes que el Ayuntamiento adeuda a las distintas contratas. Así cifró en 12 millones la de FCC (limpieza viaria y recogida de basuras), 3,5 millones Cespa (parques y jardines), 2,4 Cespa Conten (reciclaje), 4,9 GSC (limpieza de playas y pinares), 3,2 Claros (asistencia a domicilio para dependientes), 228.000 euros Alpersami (mantenimiento de pistas deportivas), 460.000 Daibus (autobuses) y 600.000 euros a Mayse (limpieza de colegios y edificios municipales). Cantidades éstas de las que PSOE e IU mostraron sus dudas ya que sostienen que se ciñen a las facturas reconocidas. Así, por ejemplo, según la izquierdista Pepa Conde, en el caso de Mayse la deuda real asciende a 1,5 millones de euros.