Rota exigirá al Gobierno el pago del IBI y el impuesto de obra por la Base

Lejos de generar incertidumbre por cuestiones de seguridad nacional o por el riesgo de convertirse en un objetivo militar de primera línea, el anuncio sobre la instalación del escudo antimisiles ha alimentado todo tipo de expectativas comerciales y económicas en Rota. Su alcaldesa, Eva Corrales (PP), convocó ayer a la junta local de portavoces para analizar el asunto y buscar puntos en común sobre el impacto que supondrá la llegada de los buques a la Base.

Una de las primeras cuestiones será saber cuántos puestos de trabajo se pueden crear y sobre qué sectores habrá una mayor repercusión. Esta labor se canalizará a través de la Sociedad de Desarrollo (Sodesa), empresa municipal que trabaja en iniciativas y actividades que impulsen la economía y el empleo, tal como apuntaron fuentes municipales. Al margen de la esperada inyección que supondrá la llegada de este contingente, la junta de portavoces también planteó la posibilidad de una serie de compensaciones que el Ayuntamiento lleva años reclamando por albergar estas instalaciones en su término municipal.

Casi histórica es ya la reivindicación del pago del IBI, que el Consistorio ya ha llevado a los tribunales. Según explicó la portavoz socialista y miembro de la junta, Encarnación Niño, la Corporación debería ingresar dos millones de euros por este concepto cada año, pero apenas se cuantificó en 500.000 euros el pago por la servidumbre militar. La intención es «regularizar esta situación a través de un convenio por el que la Base naval pague su correspondiente impuesto». El portavoz de Roteños Unidos, Manuel Laynez, avanzó que «este impuesto no se refiere a las instalaciones propias de Defensa, que están exentas de gravamen, sino a todos los negocios como tiendas, pizzerías y restaurantes que se han abierto en las instalaciones y que no tienen ningún tipo de función militar».

Otro que pretenden actualizar es el de construcciones y obras, para que sean declaradas todas las reformas planteadas en el interior del recinto. Así como el de circulación de vehículos, si se tiene en cuenta que los más de mil efectivos que podrían desembarcar en la localidad necesitarán desplazarse durante su estancia. Y finalmente, la normalización de la compensación por la servidumbre, que en años anteriores había reportado a las arcas municipales en torno a 500.000 euros, pero la cantidad consignada para ello ha resultado mucho más modesta en los últimos presupuestos generales, señala la portavoz socialista.

Interlocutor

Todas estas cuestiones se van a aprobar en un pleno extraordinario, que seguramente se celebrará a finales de octubre. En esta reivindicación común, que cuenta con el respaldo de todos los grupos con representación -PP, Roteños Unidos, PSOE e IU-, contempla también solicitar al Gobierno central un interlocutor «válido» para analizar las repercusiones que tendría en la ciudad la ampliación del uso de la Base.

Tras un intenso debate, los cuatro partidos políticos que componen el plenario del Ayuntamiento concluyeron con una idea y una intención común y clara, y es que en estos momentos Rota necesita tomar decisiones «que no la dejen al margen del desarrollo económico que puede suponer la ampliación del uso de la Base naval».

La alcaldesa, por su parte, ya manifestó que las gestiones que se han venido realizando entre el Ayuntamiento y la embajada de Estados Unidos «ayudarán a potenciar y sacar mayor rentabilidad a la presencia de los militares en la Base y de los cuatro barcos desplegados dentro del sistema de protección contra misiles de la OTAN». Eva Corrales admitió que «la noticia no ha cogido por sorpresa a la ciudad que conocía de sobra las obras de ampliaciones que se vienen realizando dentro de la Base. Aunque lamentó que «el Consistorio aún no ha tenido constancia oficial del acuerdo». En cualquier caso, se mostró convencida de que «será positivo y supondrá una generación de empleo».

El anuncio, sin embargo, tiene otras voces en contra. IU solicitó el pasado domingo que la decisión para la participación española en el escudo antimisiles de la OTAN se acuerde en las Cortes y sea sometida a un referéndum. Así lo aprobaron durante la asamblea federal de la formación que considera que «esa decisión convierte a España en «uno de los países del mundo que apuestan por el rearme, con el consiguiente aumento del gasto militar como respuesta a la inseguridad mundial».

El sindicato CC OO también ha manifestado su rechazo y fue el propio secretario regional, Francisco Carbonero, el que se pronunció la semana pasada en Cádiz y aseguró que lo que necesita la provincia es más empleo, no buques de guerra.