El Ayuntamiento eliminará la tasa de apertura de negocios

Un Ayuntamiento no puede crear empleo. Son varios los expertos e instituciones que han defendido este mensaje exponiendo que son las empresas las encargadas de ello. Por lo tanto lo único que puede hacer el organismo municipal es establecer las condiciones más óptimas para que los negocios se instalen en su ciudad. Este es el camino que pretende seguir el Partido Popular en San Fernando que ha decidido suprimir la tasa de la licencia de apertura para aquellos locales que no sobrepasen los 1.175 metros cuadrados. El resto tendrá una tasa única de 7.000 euros.

Con esta medida el Consistorio isleño pretende motivar a los emprendedores para que se decidan a realizar su proyecto y se instalen en la ciudad. El objetivo no es otro que evitar que existan establecimientos vacíos y se genere un mayor número de puestos de trabajo. Además, persigue la línea marcada en el programa electoral de los populares en el que se defendía tanto la reducción de los impuestos a pagar (entre ellos se encuentran las tasas) como la agilización de la burocracia. De hecho, también se elimina una parte de los trámites que hay solicitar para montar un negocio en la ciudad, papeleo que en ocasiones se retrasa demasiado convirtiendo a la actividad en inviable. Por otro lado el Ayuntamiento espera que con esta medida se regularicen aquellas empresas que aún no cuentan con este requisito debido a su coste.

El equipo de Gobierno informó ayer de esta medida en Junta de Gobierno local y la llevará al debate del próximo pleno (a finales de este mes) para su aprobación. Si no hay ningún contratiempo la medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2012 y vendrá acompañada de un paquete enmarcado en las nuevas ordenanzas fiscales elaboradas por el delegado de Economía y Hacienda, Manuel Raposo.

Y es que además se van a congelar el resto de impuestos y tasas a excepción del agua que subirá entre un 18% un 25%. Una decisión que se ha tomado por fuerza mayor ya que se trata de un imperativo legal. En primer lugar porque una sentencia obliga al Consistorio a cumplir con las subidas establecidas en el contrato de la adjudicataria (la empresa Aquagest) y que no se respetaron en los años anteriores. Por otro lado y tal y como explicó el regidor, José Loaiza, por la nueva Ley de Agua y los diferentes apartados a los que a partir de ahora se tendrán que hacer frente. «Se trata de una ley cuyo fin es solamente el de aumentar la recaudación», advirtió el primer edil isleño.