José Antonio Griñán y Diego Valderas, ayer tras la sesión de control en el Parlamento. :: JUAN FERRERAS/ EFE
ANDALUCÍA

Griñán y Valderas tienden puentes para la reforma del sector público

El líder de IU y el presidente escenifican un posible pacto para ralentizar la puesta en marcha de las agencias hasta aprobarse la ley

SEVILLA. Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

«Tenga confianza, le puedo garantizar como presidente que el Gobierno no tomará ningún acuerdo que pueda impedir el debate profundo y el diálogo sincero con los grupos». Esta frase, dirigida por Griñán a Valderas ayer en la sesión de control del Parlamento, dio pie a constatar un entendimiento entre PSOE e IU para la reforma del sector público, es decir, para pactar los cambios al decreto en el trámite de este como ley. La respuesta de Griñán se entiende como un puente tendido a Valderas, que había exigido para el diálogo sobre la ley que se paralizara el decreto.

El decreto ya está en vigor y está previsto que para enero se pongan en marcha las nuevas agencias públicas y comiencen a aprobase sus estatutos. El PSOE no piensa derogar el decreto, pero estaría dispuesto a que el Gobierno ralentizara el desarrollo de los puntos conflictivos, como los citados estatutos donde se definirán sus competencias y cómo van a regirse, según dio a entender ayer Izquierda Unida. De esta forma daría tiempo a negociar y aprobar la ley, previsto para febrero como muy pronto.

La frase de Griñán fue el colofón a un debate con el coordinador de Izquierda Unida en el que este puso sobre la mesa sus condiciones para el diálogo. La principal es la paralización del decreto, que ya el PSOE ha dicho que no. Pero Diego Valderas apuntó otros requisitos en los que se centrará el debate y que son más claros y explícitos que los apuntados hasta ahora por el PP. Esta concreción se debe, según la propia IU, al deseo de Diego Valderas de mostrar verdadero interés en una ley consensuada y no quedarse retratado del lado del PP en el no a la ley. En el PSOE dan por hecho que el acuerdo con el PP será casi imposible.

Dos modelos de empresas

Valderas exige que la reducción de empresas se haga bajo dos modelos, unas regidas por el derecho privado y otras por el público. En el decreto se contempla un tercer modelo, el mixto, con actuaciones bajo el derecho privado y otras bajo el administrativo. La mayoría de las nuevas agencias se rigen por este modelo, salvo el SAE y la de agricultura, lo que ha originado parte del encontronazo con los sindicatos de funcionarios. El líder de IU también pide que las agencias estén adscritas a una sóla consejería. Algunas lo están a más de una. Igualmente reclama la paralización, sino de la constitución de las nuevas agencias, sí al menos del desarrollo de los estatutos, hasta que haya consenso.

Valderas preguntó al presidente si estaría dispuesto a ello como prueba de voluntad de diálogo para acabar con el «berenjenal» del decreto y el «desaguisado» en el que, en su opinión, ha estado la administración pública en los últimos 25 años. Valderas achacó la tensa situación entre los empleados públicos a la «incapacidad» para el diálogo del Gobierno. «Entierre los fantasmas, ofrezca garantías y defienda el sector público», le espetó a Griñán el dirigente de IU.

Antes de responder con la frase que abría una resquicio al diálogo, Griñán recordó la urgencia del decreto en los mismos términos que su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha reiterado varias veces. Griñán dijo que era una exigencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que el resto de comunidades hacen lo mismo de forma parecida. En un tono conciliador, aunque no exento de reprimendas - como cuando corrigió a Valderas que la administración pública no está por encima de los gobiernos como había dicho sino para ser gobernada por estos-, Griñán apeló al consenso para lograr una administración «garantista». El presidente dijo que su gobierno tiene las puertas abiertas a los grupos políticos y a los representantes de los empleados públicos para negociar y señaló a José Caballos y Mario Jiménez como interlocutores.

El presidente insistió en su creencia en el servicio público frente a las críticas del PP y de IU de enmascarar con el decreto la privatización de prestaciones. Para Griñán, esta reforma se hace con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y que el acceso a estos sea igual para todos. También mostró su apoyo a los empleados públicos sin discriminación.