Objetivo: llevar al juzgado a 32 cargos de confianza

En el escrito dirigido el pasado 27 de julio al Juzgado de Instrucción número 3, que lleva el caso de los asesores, se piden nuevas pruebas, pero a la vez se reitera la práctica de las solicitadas con fecha 19 de abril. Una de ellas, la más contundente, es la declaración en calidad de imputadas de un total de 32 personas. Como se puede comprobar, el ex alcalde ha recrudecido su guerra tras la causa abierta por la Fiscalía Anticorrupción contra él, a instancias de la alcaldesa, por otro presunto caso de contratación irregular de dos asesores.

Cuando Pacheco presentó en noviembre la querella criminal contra Pilar Sánchez, la inmediata respuesta que salió del Ayuntamiento fue censurar no sólo la maniobra procesal del ex alcalde; también aseguró que los 32 asesores mencionados por éste habían sido nombrados «con luz y taquígrafos».

Otra de las pruebas demandadas por el letrado del ex alcalde, y que todavía está pendiente, es la declaración en calidad de testigo del secretario municipal.

Por último, se pide la práctica de la prueba pericial que ya fue interesada en el escrito del 19 de abril.

Hay que recordar que la querella de Pedro Pacheco acusa a la alcaldesa de Jerez de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, nombramiento ilegal y tráfico de influencias, en el proceso de contratación de una treintena de asesores, la mayoría de los cuales fueron cesados el pasado mes de abril como medida de contención del gasto del Ayuntamiento.

La defensa legal de la alcaldesa sostiene sin embargo que todas estas contrataciones fueron hechas «con plena e indiscutible legalidad».

Además indica que la figura de asesor, como personal eventual, está contemplada en el estatuto básico del empleado público y en el régimen de base del estatuto local, para tareas de confianza, y que está demostrado que «todas las personas cuestionadas realizaron la contraprestación» por la que fueron pagados en su día.

También recuerda la primera edil que se determinó que la relación de los asesores contratados «terminaría con la legislatura; es un personal flotante que no sería una carga para el Ayuntamiento de Jerez en el futuro».

La primera edil tuvo que declarar durante más de cuatro horas el pasado 29 de junio por este asunto. Será ahora la jueza, en una causa en la que se ha personado la Fiscalía Anticorrupción, la que determine si es necesario que también comparezcan como imputadas las 32 personas aludidas por el ex alcalde; así como el secretario, en calidad de testigo.