El Supremo investiga si Garzón se quedó con el 'caso Gürtel' de manera ilegal

El Tribunal Supremo ha abierto una investigación para determinar si el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se quedó con la instrucción del caso Gürtel de forma ilegal en 2008, saltándose el habitual reparto que decide por sorteo qué magistrado se ocupa de cada sumario. El instructor de la causa contra Garzón en el Supremo por los supuestos pinchazos irregulares en los locutorios carcelarios, Alberto Jorge Barreiro, ha decidido ampliar sus indagaciones para saber si el juez de la Audiencia Nacional tenía derecho a quedarse con el sumario amparándose, como hizo, en las supuestas conexiones anteriores de 'Gürtel' con el caso 'BBVA-Privanza'.

Barreiro acepta así dar trámite a la ampliación de querella del abogado y ex fiscal Ignacio Pelaéz, el letrado que consiguió imputar a Garzón por las escuchas de 'Gürtel', quien el pasado 24 de mayo también denunció a la Fiscalía por sendos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad. Peláez, abogado del constructor José Luis Ulibarri, acusó a las dos representantes del Ministerio Público en este sumario, Concepción Sabadell y Myriam Segura, de haber forzado que este caso cayera en manos de Garzón, evitando el preceptivo reparto del turno de oficio.

El denunciante alegó que Sabadell y Segura interpusieron directamente su denuncia ante el juzgado de Garzón con el argumento de que tenía una conexión con el sumario BBVA Privanza, ya que un nombre relacionado con el supuesto blanqueo de capitales aparecían en ambas investigaciones, el del abogado Luis de Miguel. El juez del Supremo considera creíble esta denuncia. El pasado 27 de mayo, Barreiro cursó al actual instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, cuatro oficios en los que reclama «a la mayor brevedad posible» buena parte de la documentación que obra en el sumario. En particular, el Supremo pide a Pedreira todo tipo de datos sobre De Miguel y los informes de julio de 2008 (medio año antes de que estallara el caso) y que sirvieron a Garzón para quedarse con el sumario por su conexión con BBVA-Privanza.

Año 2000

El Supremo, incluso, quiere datos e informes judiciales de 2000, cuando la Audiencia Nacional se encontraba inmersa en la investigación del desvío de dinero al extranjero desde el banco. Igualmente pide cualquier documento sobre este abogado y su gestión en las «estructuras fiduciarias de Francisco Correa».

Barreiro también se muestra dispuesto a investigar si Garzón y Anticorrupción ocultaron documentos que hubieran facilitado la defensa de Camps. Peláez acusó a las dos fiscales de haber retirado del sumario una conversación en un locutorio de Soto del Real en la que Peláez habla con el «número de dos» de la trama corrupta, Pablo Crespo, sobre los supuestos regalos de Orange Market a Camps. En ese pinchazo Crespo afirmaba tajante que el «president» «se pagó sus trajes». «Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque no es cierto», insistía.

Ahora el Supremo quiere saber de primera mano qué hay detrás de esa denuncia. Por ello, en otro de los oficios, Barreiro demanda a Pedreira todo tipo de datos sobre la intervención de las comunicaciones de Crespo con sus abogados y copia de «todas las actuaciones practicadas» en el sumario mientras éste estuvo en manos de Garzón, incluidas «las prórrogas de las intervenciones» de los polémicos pinchazos carcelarios.