El Barça pide al juez confidencialidad en el coste del fichaje de Neymar

El Fútbol Club Barcelona ha reclamado hoy al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que mantenga la confidencial en el contrato del futbolista brasileño Neymar da Silva Santos, después de que haya mandado al juzgado la documentación relativa al coste del jugador.

El conjunto presidido por Sandro Rosell considera en un escrito dirigido al juez que se han publicitado datos sobre el fichaje que perjudican a la entidad, en referencia al informe de la Fiscalía en el que se mostraba favorable a la admisión a trámite de la querella presentada por un socio por el supuesto “desfase contable” en la contratación de Neymar.

Asimismo, el Barça ha anunciado su intención de personarse en las diligencias de investigación abiertas por la el fiscal José Perals, a las que ha presentado alegaciones. Rechaza que el presidente Sandro Rosell haya cometido un delito de apropiación indebida y que el contrato del jugador fuera “simulado”, tal y como sospecha el Ministerio Público.

57,1 millones

Una vez examinada la querella y los contratos que le remitió el Barcelona, el fiscal consideró que existe “verosimilitud en los hechos relatados”, que podrían ser constitutivos de un delito de apropiación indebida. Entre los hechos que señala la fiscalía está que los 40 millones de euros abonados por la adquisición de los derechos económicos y federativos del jugador se hicieron constar en el documento como una cláusula de penalización. La fiscalía pide a Ruz que reclame a la FIFA la documentación relativa al fichaje del jugador, incluyendo las transferencias económicas que consten en los archivos de la Federación Internacional.

La querella narra que el Barça contrató al jugador por 57,1 millones de euros, que se desglosan de la siguiente forma: 17,1 millones al Santos, club de procedencia de Neymar y poseedor de sus derechos federativos, y 40 millones a la sociedad N&N, propiedad del padre de Neymar. A esta cantidad hay que añadir 7,9 millones por un acuerdo sobre tres jugadores del equipo brasileño y otros nueve millones por dos partidos amistosos. Según el querellante, el socio barcelonista Jordi Cases, el destino de los 40 millones pagados al jugador se desconoce.